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Número 18 - Abril 2006

Las personas mayores en Argentina y Tucumán:
Características del grupo etario y políticas públicas

Maria Emilia Benedek
mebenedek@yahoo.com.ar

1. Introducción

El siguiente artículo recoge un capítulo de la tesina realizada para acceder al título de licenciada en Ciencias de la Educación en marzo de este año. El texto intenta ser el reflejo de un proceso de formación que se inició en el año 2002 y en este recorte se plasma la investigación de campo desarrollada durante los años 2003 y 2004 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Considero que en el abordaje de la problemática de la educación y las personas mayores resulta ineludible tener en cuenta el proceso de envejecimiento de la población y elaborar un acercamiento al perfil socio-demográfico y educativo de las personas mayores en el país y en la provincia de Tucumán. A partir de este estudio es posible percibir que la población de adultos mayores constituye el grupo de edad que más ha crecido en los últimos años y presenta unas diferencias internas que evitan una concepción homogeneizadora, optando más bien por pensar en sectores con requerimientos y necesidades distintas a atender desde las políticas públicas. Por tanto, junto a los rasgos morfológicos de la población se consideran las políticas públicas que han afectado a los mayores o que estuvieron destinadas a ellos a lo largo de la última década en el país y en la provincia. Políticas que pueden asumir un carácter asistencial, es decir vinculado al ingreso de los mayores y a sus posibilidades de subsistencia, o un carácter socio-educativo en el que apuntan a la promoción y desarrollo humano. En el análisis de las políticas públicas relacionadas con los mayores en el país y sobre todo en nuestra provincia, se busca identificar la concepción de vejez que subyace a las acciones que se proponen, sin olvidar el problema del financiamiento.

2. Cuestiones metodológicas

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas y se analizaron documentos oficiales.

Se decidió iniciar el trabajo de campo en las dependencias del Estado provincial y delegaciones nacionales. Llegado el momento del ingreso al mismo se presentó la dificultad de dónde encontrar la información requerida, ya que ésta aparecía como dispersa en distintos organismos, y al interior de cada uno de ellos. En esta primera instancia se realizó cuatro entrevistas (individuales y grupales) a informantes-clave en la Dirección de Familia y Minoridad y en el Instituto de Previsión y Seguridad Social, lo que permitió configurar un nivel de análisis con las políticas públicas provinciales.

A la dispersión de la información se sumó la coincidencia del inicio de esta etapa de la investigación con el mes previo al último traspaso de gobierno provincial en octubre de 2003. Este hecho significó la imposibilidad de acceder a la documentación escrita 1 necesaria. El año siguiente, 2004, se regresó a esta dependencia del Estado, y a otras a medida que se iba profundizando la información, para realizar cinco entrevistas más.

El siguiente organismo abordado fue el Programa de Asistencia Médica Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) como institución dependiente del estado nacional. Allí se realizó entrevistas a dos informantes-clave. De esta manera se pudo ampliar el nivel de análisis de las políticas públicas vinculadas a las personas mayores incluyendo las políticas nacionales y las acciones que en este marco se desarrollan en San Miguel de Tucumán.

En relación con la documentación oficial, podríamos agruparla en dos categorías. Por un lado la documentación que se puede denominar "política", en la que encontramos el informe elaborado a nivel nacional sobre la tercera edad en el año 2000, los planes, programas y proyectos relacionados con las personas mayores en los ámbitos nacional y provincial. Por otro lado, los documentos de "planificación y gestión" acerca de los organigramas, funciones, informes, etc. en distintas dependencias estatales, así como los resultados del censo de población y vivienda 2001. Se incluyen en este apartado, documentos y resoluciones proporcionados por los informantes-clave de los distintos casos abordados y documentación obtenida a través de los sitios oficiales en la red.

El acceso a esta documentación (sea en formato virtual o no) resultó de un proceso de búsqueda insistente en distintos ámbitos, ya que se encontraba en forma dispersa y fragmentada en diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Para analizar la información obtenida acerca de las políticas públicas nacionales y provinciales relacionadas con las personas mayores, se utilizó el método comparativo constante elaborando las siguientes las categorías de análisis: A) el rol del estado, y por tanto el lugar otorgado a la sociedad civil; B) la procedencia de la misma en cuanto a dependencia estatal desde la que es impulsada; C) la orientación de la oferta hacia aspectos asistenciales o socioeducativos; D) el financiamiento; E) la concepción de vejez que aparece en la formulación; F) los destinatarios de la misma, sectores determinados o la totalidad del grupo etario.

La información del censo 2001 se analizó en forma estadística elaborando cuadros y gráficos con los valores obtenidos.

A partir de un trabajo de espiral entre la empiria y la teoría se logró una aproximación a la realidad social estudiada, obteniendo datos para su descripción y categorías para su análisis, contando aún con diversas áreas para profundizar este objeto de estudio.

3. El envejecimiento de la población en Argentina y Tucumán: aproximaciones a un perfil sociodemográfico de la población de adultos mayores (PAM)

3.1- El envejecimiento de la población en el país y en la provincia

Sabemos que de acuerdo a la relación que exista entre la cantidad de personas en edad avanzada y la población total, se dice que una población es "joven" o que "ha envejecido", es decir, ha aumentado la proporción de población en dichas edades.

Los acuerdos internacionales para definir cuándo una persona es "mayor" indican que a partir de 60 años 2 un individuo pasa a formar parte de la tercera edad, optando por el criterio de la edad cronológica. Actualmente en los países desarrollados la población de adultos mayores ronda el 20%. "Hoy la Argentina está entre los tres países más envejecidos de América Latina, cerca del valor de Cuba, pero notablemente alejado del 17,1% del Uruguay." (Recchini, 2001:17)

El envejecimiento de la población implica una modificación en la estructura de edades que lleva al angostamiento de la base de la pirámide poblacional, la cual más que una pirámide se convierte en un pilar o, en el caso de un envejecimiento poblacional avanzado, en una pirámide invertida. El proceso de envejecimiento de la población se inserta en la denominada transición demográfica, atravesando tres etapas:

Alta proporción de jóvenes y adultos y muy bajo porcentaje de personas mayores. Elevados niveles de fecundidad y mortalidad.

Reducción la mortalidad infantil manteniendo una alta fecundidad por lo que se ensancha la base de la pirámide y rejuvenece la población ("explosión demográfica").

Descenso en la fecundidad prolongado en el tiempo (bajo y estable) acompañado por bajos niveles de mortalidad, aún en edades avanzadas (longevidad). "Estas poblaciones se caracterizan por el aumento relativo de las personas en edades avanzadas y la disminución de la proporción de poblaciones jóvenes, además de un potencial bajo de crecimiento. " (Ceballos,2003:3)

Tabla nº1. Población en grandes grupos de edades.

Total del País y Provincia de Tucumán. 1980-2001. Valores porcentuales

Año del

Población en Grandes Grupos de Edades

Censo

0-14

15-59

60+

Total del País

1980

30.34

57.87

11.78

1991

30.57

56.55

12.87

2001

28.26

58.30

13.43

 

Provincia de Tucumán

1980

35.53

55.93

8.50

1991

34.82

55.59

9.58

2001

31.83

57.84

10.32

Fuente: Ceballos, 2003. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Elaboración propia.

Como muestran los datos de la tabla nº1 la población de adultos mayores (PAM) en Argentina corresponde al 13,4 % mientras que en Tucumán el proceso de envejecimiento de la población ha sido más lento que la media nacional aunque mantuvo la tendencia y se encuentra por encima del 10% (porcentaje que representa a 138.177 personas mayores tucumanas).

El grupo de edad que mayor crecimiento tuvo en los últimos veinte años ha sido el de los mayores. La misma PAM sufre un proceso de envejecimiento a su interior: a partir de los 60 años aún pueden restar cinco décadas de vida. En nuestro país la cantidad de personas mayores incluidas en la llamada cuarta edad (75 años y más) corresponde al 30,4% de la población de adultos mayores en la actualidad. Los avances en la medicina constituyen un factor determinante en este sentido. "La disminución en la mortalidad, primeramente en la infantil y luego en la mortalidad general y el consecuente aumento de la esperanza de vida al nacer y a los 60 años, el sostenido descenso de la tasa bruta de natalidad, de la tasa global de fecundidad y los movimientos migratorios, fueron originando cambios importantes en la estructura por edad de la población y el paulatino envejecimiento de la población." (Ceballos, 2003:15)

Nuestra sociedad ha ingresado recientemente en la tercera etapa del proceso de transición demográfica y es de esperar que las tendencias se profundicen aún más permitiendo ver con mayor claridad el proceso de envejecimiento poblacional. En este sentido es posible calcular diferentes índices. El índice de dependencia potencial (IDP)3 (Tabla nº2) indica el número de personas dependientes por cada 100 personas potencialmente activas, aunque no todas las personas de 15 a 59 años participen en el proceso productivo y no todas las personas mayores de 60 años sean "dependientes". "Los cambios en la estructura por edad de la población originan cambios importantes en la composición de este índice, como consecuencia del proceso de envejecimiento que va teniendo la población, el IDP0 -14 disminuye su importancia relativa mientras que el IDP60+ la aumenta..." (Ceballos, 2003:11)

Tabla nº2. Indice de dependencia potencial.

Total del País y Provincia de Tucumán. 1980-2001

Año

Indice de Dependencia Potencial (%)

 

IDP Total

IDP 0-14

IDP 60+

Total de País

1980

72,8

52,4

20,4

1991

76,8

54,1

22,8

2001

71,5

48,5

23,0

Provincia de Tucumán

1980

78,8

63,5

15,3

1991

79,9

62,6

17,2

2001

72,9

55,0

17,8

Extraído de Ceballos, 2003:13.

En Tucumán en el año 2001 había 73 personas "potencialmente dependientes" (55 niños y 18 mayores) por cada 100 personas "potencialmente activas". Este dato reviste importancia porque muestra el peso que debe sostener la población activa si consideramos que no todas las personas entre 15 y 59 años trabajan, que de aquellos que trabajan no todos realizan aportes al sistema de seguridad social; y que en esa franja de edades se ubican aquellos que se ocupan de "cuidar" a las otras generaciones, con lo cual las tensiones y algunas causas de la ruptura del pacto intergeneracional son explicadas a partir de los datos demográficos.

Relacionando la población de 60 años y más con los otros grupos de edades (0 a 14 años y 15 a 59 años), se obtienen algunos indicadores que Ceballos denomina "indicadores de vejez". Los mismos son la razón adultos-ancianos y la razón niños-ancianos.

La razón adultos-ancianos 4 indica la cantidad de personas en edad de trabajar y de aportar al sistema previsional por cada persona de 60 años y más. Es un indicador teórico ya que, al igual que con el indicador anterior, no todas las personas en ese grupo trabajan, ni todos los que trabajan aportan al sistema previsional, ni tampoco todas las personas de 60 años y más están jubiladas. De todas maneras señala el número de personas potencialmente "activas" que sostienen a una persona potencialmente "pasiva". Ceballos demuestra que en el país y en Tucumán este indicador ha sufrido una importante disminución. En el 2001, en Argentina la razón era de 4 (es decir que hay 4 personas entre 15 y 59 años por cada mayor) y en Tucumán llegaba casi a 6 personas. Este indicador admite los señalamientos respecto del cuidado y atención de los mayores que hicimos en el caso del IDP.

La razón niños-ancianos 5 (Tabla nº3) indica el número de niños por cada persona mayor. Esta razón señala el " nivel de reemplazo" y constituye un indicador sociopolítico ya que apunta al futuro poblacional de un país.

Tabla nº3. Razón niños - ancianos.

Total de País y Provincia de Tucumán. 1980-2001.

Año del censo

Total del país

Provincia de Tucumán

1980

2.6

4.2

1991

2.4

3.6

2001

2.1

3.1

Extraído de Ceballos, 2003:14.

Teniendo en cuenta que la población de niños va en marcado descenso, aunque aún lento tanto en la provincia como en el país, los datos muestran que la razón niños – ancianos disminuirá en las próximas décadas. Ceballos (2003:14) estima que en el 2010 sería de menos de dos niños por cada mayor mientras que en Tucumán llegaría a menos de 2,5. Esto significa que la razón adultos – ancianos también irá disminuyendo. Los indicadores muestran que el proceso de envejecimiento de la población se ha iniciado y se profundizará en las próximas décadas. En este sentido es necesario fortalecer la previsión en las políticas públicas y en sus presupuestos.

3.2- Hacia un perfil socio-demográfico de la población de adultos mayores

En el mundo, y nuestro país no es una excepción, las mujeres son mayoría dentro de la PAM.

Tabla nº4. Población según sexo en el país y en la provincia de Tucumán. Valores porcentuales

Total del país

Sexo

PAM 6

PAM 75+

Población total según sexo 7

Varones

42,16

36,11

11,63

Mujeres

57,83

63,88

15,14

Provincia de Tucumán

Varones

43,93

39,47

9,23

Mujeres

56,06

60,52

11,37

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

Como muestra la tabla nº4 tanto en Argentina como en Tucumán, la PAM femenina es mayor que la masculina. A su vez dentro de la población de adultos mayores, en la franja de edad superior a los 75 años (la llamada IV edad) las mujeres superan el 63% (en el país, 60% en Tucumán) de la población de mayores. Incluso dentro de la población total femenina del país, la cantidad de adultas mayores es del 15% mientras que dentro de la población total masculina los adultos mayores no llegan al 12%. La tendencia dentro de la provincia de Tucumán es la misma aunque en menor medida. Recchini lo enuncia "...los procesos de envejecimiento de las poblaciones femenina y masculina no son iguales, sino que, como regla general, en las poblaciones no afectadas grandemente por migraciones, las poblaciones de mujeres envejecen más rápidamente que las de los hombres. [...] entre 1950 y 2000 la PAM femenina se multiplicó 4,8 y la de 75 años y más por 8, mientras que las poblaciones masculinas correspondientes lo hicieron por 3,4 y 6, respectivamente." (2001: 21-22) La tendencia se ha sostenido por más de medio siglo en la Argentina: es mayor la cantidad de mujeres, sobre todo en la llamada cuarta edad. Por ejemplo, en términos absolutos, en Tucumán se registraron en el censo 2001, 40 mujeres de 100 años y más mientras que varones son sólo 11. La relación en la provincia es de 18.493 mujeres de 75 años y más y 14.873 varones en esas edades. En la PAM es mayor la cantidad de mujeres, lo que se profundiza con los años: la mujer vive más tiempo (esperanza de vida al nacer de 77 años ante 71 de los varones 8).

Tabla nº5. Distribución porcentual de la población de 45 y más años por estado civil, según sexo y edad. Total del país.

Edad (años)

Unidos/casados

Viudos

 

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

45-59

82,8

73,0

2,3

10,5

60-74

78,5

50,6

8,0

35,3

75+

64,7

18,6

23,6

68,4

Total 60+

75,4

41,7

11,5

44,5

 

Edad (años)

Separados/Divorc

Solteros

 

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

45-59

5,2

7,8

9,6

8,7

60-74

4,1

4,4

9,4

9,7

75+

2,7

1,7

9,1

11,3

Total 60+

3,8

3,7

9,3

10,1

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 1991. Extraído de Recchini, 2001:42.

Dado que no disponemos de datos recientes acerca de las características de la PAM en relación con el estado conyugal, tomaremos las conclusiones obtenidas del censo 1991 (tabla nº5), ya que es posible inferir que algunas tendencias se mantienen. En ese censo se observaba que en el país, el 42% de las mujeres mayores estaban casadas o unidas mientras que en los varones mayores la cifra se elevaba al 75%. Se señalaba también una marcada diferencia entre la PAM de 60 a 74 años y la mayor de 75: en el primer grupo, el más joven, el 51% de las mujeres estaba casada o unida (en pareja de hecho) mientras que en la otra franja de edad, el porcentaje descendía a 19. En el caso de los varones las diferencias eran menores: 79% de casados en la PAM joven y 65% en la PAM mayor. "La contrapartida de estas cifras son las proporciones mucho más altas de viudas que de viudos 9. La explicación de esta enorme diferencia radica, principalmente, en la mayor longevidad femenina y, probablemente, en una frecuente diferencia de edades en el momento del casamiento o la unión, ya que las mujeres solían casarse con hombres algo mayores que ellas. Los dos factores determinan que la enorme mayoría de las adultas mayores esté sin pareja una parte importante de la última y, para algunas, más larga etapa de su vida." (Recchini, 2001:43-44) Estos datos muestran que un importante número de mujeres mayores viven solas o con sus hijos. Vemos que a mayor edad, la tendencia en la mujer es a quedar viuda y no volver a establecer una convivencia en pareja; mientras que los varones tienden a contraer segundas nupcias o a mantener una vida en común con su pareja. Sabemos que la soledad es una problemática muy importante en estas edades por lo que significa para las propias personas por un lado; y para la familia, la comunidad y el Estado en cuanto a cuidados y atención 10, por otro.

Un aspecto relevante para conocer las características generales de la PAM y que es recogido en los censos es la cobertura médica y social, ya sea a través de una obra social, mutual o un plan de salud privado.

Tabla nº6. Población y cobertura médica y social en el país y en la provincia de Tucumán. Valores porcentuales

Total del País

 

Total de población

PAM

 

Tiene

No tiene

Tiene

No tiene

Total

51,94

48,05

76,51

23,48

Varones

49,79

50,02

72,13

27,86

Mujeres

53,98

46,01

79,70

20,29

Provincia de Tucumán

 

Total de población

PAM

 

Tiene

No tiene

Tiene

No tiene

Total

51,77

48,22

76,49

23,50

Varones

49,82

50,17

72,30

27,69

Mujeres

53,66

46,33

79,77

20,22

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

En la tabla nº6 se observa cómo la tendencia en Tucumán y el país es la misma: la cobertura apenas supera a la mitad de la población total, sin embargo en el caso de los mayores, alrededor del 75% tiene algún tipo de cobertura médica y social. En el caso de la PAM es mayor la cobertura entre las mujeres que en los varones. Sabemos la importancia que reviste este hecho (dadas las características propias de la edad) y debemos pensar en el rol que ocupa el PAMI en la ampliación de la cobertura médica y social de los mayores. Sin embargo, aún es alta la proporción de adultos mayores sin cobertura: entre el 20 y el 28%, lo que nos lleva a pensar en sus posibilidades de vida ante eventuales enfermedades.

Por otra parte, la tabla nº7 muestra que actualmente en el país casi el 60% del total de la PAM percibe jubilación o pensión, sin observarse diferencias significativas entre varones y mujeres. En Tucumán la cobertura es algo menor, el 55% de la PAM, manteniéndose la tendencia nacional en relación con los sexos. Aparece entre el 40 y el 45% de la totalidad de la PAM sin ingresos fijos por jubilación o pensión.

Tabla nº7. Población de 14 años y más y PAM. Percepción de jubilación o pensión según sexo en el país y en la provincia de Tucumán. Valores porcentuales.

Total del país

 

Población

Percibe

No percibe

Total Población

73,58

14,04 11

85,95

       

PAM

13,43

59,20

40,79

Varones

42,16

58,00

41,99

Mujeres

57,83

60,07

39,92

       

PAM 75+

30,40

83,95

16,04

Varones

36,11

88,03

11,96

Mujeres

63,88

81,64

18,35

Provincia de Tucumán

Total Población

70,13

11,67

88,32

       

PAM Total

10,32

55,36

44,63

Varones

43,93

55,42

44,57

Mujeres

56,06

55,31

44,68

       

PAM 75 +

27,26

78,52

21,47

Varones

39,47

82,78

17,21

Mujeres

60,52

75,74

24,25

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

Se observa una mayor cobertura de ingresos por jubilación o pensión en la franja de 75 y más años de la PAM, tanto en el país (84%) como en la provincia de Tucumán (79%). Esa población más longeva representa el 30% de la PAM en el país. La mejor cobertura sería resultado del sistema de pensiones no vitalicias y, para las mujeres, las pensiones por viudez. La discriminación entre varones y mujeres resulta relevante en esta franja de edad. Como vimos el 60% de la población mayor de 75 años está constituida por mujeres, sin embargo es mayor el porcentaje de varones (88%) que perciben jubilación o pensión que el de mujeres (82%). Prácticamente un 20% de mujeres mayores de 75 años en el país no percibe ingresos de este tipo mientras que en Tucumán ese porcentaje se eleva hasta el 24%. Para los varones el porcentaje que no percibe ingresos de este tipo es algo menor pero aún resulta elevado.

En el caso de Tucumán, la tendencia es la misma: una mayor cobertura para los mayores de 75 años (casi el 79%), que en el caso de los varones, alcanza el 83% y en el de las mujeres se reduce al 76%.

Tabla nº8. Población urbana y rural 12 en el país y la provincia de Tucumán. Valores porcentuales.

Población

País

Tucumán

Urbana

89,44

79,46

Rural

10,55

20,53

a) Agrupada

31,96

15,87

b) Dispersa

68,03

84,12

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

Si bien no disponemos de datos para afirmar que la PAM en nuestro país sea urbana, podemos ver que alrededor del 90% de la población total lo es, por lo que probablemente sea importante la PAM que viva en localidades de 2000 habitantes o más (lo cual no significa necesariamente que tenga a disposición servicios básicos de calidad). En Tucumán la tendencia sería la misma: casi el 80% de población es urbana (de la cual un 55% vive en el Gran San Miguel de Tucumán). Sin embargo, si pensamos que existe una importante migración de jóvenes hacia la capital y a las grandes ciudades del interior, una posibilidad sería que los mayores y los niños vivan en los pequeños conglomerados urbanos del interior de la provincia. Se abriría así toda una línea de indagación.

En relación con esta variable Recchini afirma que la población urbana y la rural sufrieron un proceso de envejecimiento aunque en diferentes grados y velocidades: "...para el período 1947-1970, en el que se había observado que la proporción de PAM era más alta en la población urbana que en la rural, y dentro de la urbana más alta en el AMBA [Área Metropolitana Buenos Aires] que en aglomerados de menor tamaño. Las diferencias persisten para el período 1980-2000: la población rural es la más joven de las subpoblaciones –tiene la menor proporción de PAM-, así como el AMBA es la más vieja..." (2001:25) La especialista señala que Argentina y el gran Buenos Aires (AMBA) no escapan de la relación estudiada para América Latina, según la cual los niveles de mortalidad y fecundidad son más bajos cuanto mayor es el tamaño de la localidad; por tanto, la población urbana tiene menores índices de mortalidad y fecundidad que la rural y la razón niños-ancianos disminuye, lo cual constituye uno de los índices de envejecimiento de la población.

"En conclusión, la PAM es el sector de la población que crece más rápidamente en el país y en el que las mujeres constituyen la inmensa mayoría. Como grupo, se diferencia muy claramente de la población adulta y es a su vez internamente muy heterogéneo. En primer lugar hombres y mujeres tienen características muy diferentes, y cada uno de ellos según sean más o menos viejos. Los rasgos distintivos de la PAM femenina y masculina y sus componentes más o menos jóvenes deberían tomarse en cuenta para el diseño de programas y políticas dirigidos a ellas." (Recchini, 2001:94) Hemos visto las características que reúnen las personas mayores en cuanto constituyen una población específica dentro de la estructura poblacional del país y la provincia. Se observó una proporción muy importante de mujeres, sobre todo a edades avanzadas, la mayoría viudas o solteras; una población más bien urbana, de la cual más del 75% goza de algún tipo de cobertura social y tiene un ingreso en forma de jubilación o pensión alrededor del 60%, esto último mejora con la edad alcanzando porcentajes del 75 al 80%. Estas son líneas generales que pueden analizarse a partir de los datos demográficos, los cuales también muestran una diferenciación interna en la PAM 13:

aproximadamente un 20% de la población de adultos mayores parecen encontrarse en una situación de desprotección tanto desde la no-percepción ingresos en forma de jubilación o pensión; como desde la falta de cobertura médica y social de algún tipo;

entre la PAM "joven" se destaca la proporción de personas que viven en pareja (casados o unidos), más entre los varones (78%) que entre las mujeres (51%). En la PAM "mayor" los varones continúan esa tendencia (65%) no así en el caso de las mujeres (19%). Se presume que no toda la PAM "mayor" femenina que aparece en la categoría "viuda" (aproximadamente 70%) vive sola. Una variable a profundizar en este sentido sería el tipo de hogar en el que se reside: unipersonal, multipersonal familiar o multipersonal no familiar;

existe una PAM rural o que reside en pequeñas ciudades del interior de la provincia cuyas características no conocemos fehacientemente (esta es una línea de investigación a profundizar).

En definitiva, las generalizaciones nos permiten delinear una imagen de la población para definir políticas públicas que los tengan por destinatarios pero esto no debe llevarnos a confundir la población con las personas (o los árboles con el bosque) y realizar generalizaciones extremas. En las políticas que se delinean se debería tener presente la diversidad que es propia de estas edades junto a la diferenciación que aparece en el estudio de esta población, ya que pueden delinearse sectores con requerimientos muy distintos.

3.3- Hacia un perfil educativo de la PAM

Como vimos, el total de las personas de 60 años y más en el país representa 13,5 % de la población total, mientras que en Tucumán es el 10% de la población. Analizando la situación educativa encontramos las siguientes tendencias en la PAM (tabla nº9):

Tabla nº9. Máximo nivel de instrucción 14 alcanzado según sexo en el país y en la provincia de Tucumán. Valores porcentuales.

PAIS

Máximo nivel de instrucción alcanzado

 

S/inst

Primario

Secundario

Sup. No univ.

Sup. Univ.

Total

 

Inc

Com

Inc

Com

Inc

Com

Inc

Com

Pobl. Tot

3,69

14,20

27,98

20,89

16,23

2,38

4,34

5,85

4,39

PAM

8,38

28,98

36,93

7,04

10,87

0,50

2,80

1,51

2,95

                   

Varones

                 

Pobl. Tot

3,47

14,29

28,69

22,77

15,64

1,87

2,36

6,19

4,67

PAM

7,50

28,58

35,23

8,80

10,51

0,57

1,89

2,27

4,61

                   

Mujeres

                 

Pobl. Tot

3,89

14,12

27,32

19,17

16,77

2,85

6,16

5,54

4,12

PAM

9,03

29,27

38,17

5,76

11,14

0,44

3,46

0,95

1,74

                   

TUCUM

Máximo nivel de instrucción alcanzado

 

S/inst

Primario

Secundario

Sup. No niv.

Sup. Univ.

Total

 

Inc

Com

Inc

Com

Inc

Com

Inc

Com

Pobl. Tot

3,89

15,71

31,18

19,00

13,55

2,17

3,82

7,07

3,57

PAM

8,52

33,61

32,78

7,26

10,07

0,29

2,69

1,82

2,92

                   

Varones

                 

Pobl. Tot

4,02

16,47

31,85

20,33

13,03

1,59

1,69

7,34

3,64

PAM

8,28

34,89

32,32

8,46

8,07

0,26

1,03

2,50

4,15

                   

Mujeres

                 

Pobl. Tot

3,77

15,00

30,54

17,75

14,04

2,71

5,82

6,82

3,51

PAM

8,70

32,60

33,15

6,32

11,64

0,30

4,00

1,28

1,95

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración propia.

Inversamente a la tendencia histórica, supera a los varones el porcentaje de mujeres mayores (11% en el país y casi 12% en Tucumán) que terminó el secundario15. Lo mismo sucede con la educación superior no universitaria tanto en el ámbito del país como en el de la provincia. No obstante, es mayor el porcentaje de varones que finalizaron los estudios universitarios en la provincia y en el país. En definitiva, podemos decir que supera el porcentaje de mujeres que de varones que completaron todos los niveles del sistema educativo a excepción del universitario.

Resulta bajo el porcentaje de personas mayores que iniciaron el nivel secundario y el superior y no lo terminaron en relación con los porcentajes nacionales y provinciales

Es interesante que no sea alta la diferencia (un punto) entre la PAM y la población total que terminó los estudios superiores, universitarios y no universitarios.

En definitiva, si bien hay sectores de la PAM argentina y tucumana que lograron acceder a niveles superiores de educación, la mayoría se concentra en la educación primaria. Los niveles de analfabetismo (absoluto y funcional) aparecen elevados, lo cual revela la necesidad de políticas específicas para esta población atendiendo a las diferencias internas mencionadas. Políticas públicas educativas que, como veremos en el próximo apartado, son prácticamente inexistentes.

4. Las políticas públicas nacionales dirigidas a los mayores en Argentina y en Tucumán

Meny y Thoenig entienden por política pública aquello a lo que se hace referencia al hablar de "...los actos y de los ‘no actos comprometidos’ de una autoridad pública frente a un problema o en un sector relevante de su competencia." (1992:89) Según estos autores, toda política pública se caracterizaría en teoría por incluir un contenido (una sustancia), un programa de acciones, una orientación normativa (finalidades y preferencias del decisor), un factor de coerción (es legítima en tanto proviene de la autoridad legal o se apoya en el monopolio de la fuerza), y una competencia social (incluye actos y disposiciones que afectan la situación, intereses y comportamientos de los administrados). Aunque más bien aparece como "...una abstracción cuya identidad y contenido se trata, precisamente, de reconstituir por agregación sucesiva, de aproximación en aproximación, a partir de elementos empíricos dispersos en los textos, en los presupuestos, en los organigramas." (Meny,1992:92) Las políticas públicas deben ser construidas y reconstruidas desde el análisis de diferentes fuentes. En este sentido, a toda política pública subyace una teoría del cambio social, que se refleja principalmente en sus objetivos y sus realizaciones 16.

En nuestro país el escenario de las políticas públicas durante la década de los ’90 estuvo dominado por aquellas de cuño neoliberal. La implantación de este tipo de políticas se inició en la década del ’70 con el último gobierno de facto pero la tendencia se profundizó durante los gobiernos menemistas. El neoliberalismo puede ser considerado como la defensa a ultranza de la libertad económica, de la cual se desprendería la libertad política de los ciudadanos 17. Según Estefanía "...sus principales núcleos tem áticos son la modernización, competitividad, Estado mínimo, mundialización, contracción de lo público, mercado, primacía monetaria, desregulación, desarrollo tecnológico, empresa... y su correlato político lo expresan términos como individuo, equidad, sociedad civil, neocorporativismo, gobernabilidad, eficacia. `Su invocación ritual y permanente en textos y discursos delata que no se trata de pensamiento no único, ni múltiple, sino de ideología, de nuestra ideología dominante.´" (1997:43).

En la sociedad neoliberal, el individuo "vale" en tanto sea capaz de insertarse en la libre competencia por los bienes sociales. Todo lo que logre o lo que no consiga será de su absoluta responsabilidad porque él es quien toma las decisiones de modo que obtiene lo que se merece. La sociedad neoliberal se constituye como una sociedad meritocrática, en la que cada uno tiene lo que le corresponde según sus méritos, según las decisiones que tomó en el juego de la libre competencia y, la consideración de otras variables como los puntos de partida, no es éticamente válida. El neoliberalismo sostiene la existencia de un orden entre los individuos que está definido por el mercado y, dado que éste es un orden imparcial, no se puede establecer consideraciones acerca de lo justo o injusto de sus resultados.

Las políticas públicas relacionadas con las personas mayores no escaparon durante los ‘90 a la tendencia general hacia el neoliberalismo. En el ámbito nacional, estas políticas fueron diseñadas y llevadas a cabo desde distintas reparticiones, cuyas denominaciones y áreas de injerencia fueron cambiando a lo largo de los distintos gobiernos 18:

Ministerios/Institutos

Dependencia

Programa

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

Pensiones no contributivas (hasta 1998)

Ministerio de Educación y Cultura  

Plan Nacional de Alfabetización

(1986-...)

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI)

Pro-Bienestar (1992-...)

Subsidios económicos

Voluntariado

Centros de Jubilados y Pensionados (desde ‘70)

Ministerio de Salud y Acción Social

19

Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de la Tercera Edad

Programa alimentario ASOMA (1995-2000) – PEA (2001-2003) – PNSA (2003 -...)

  Dirección Nacional de Ancianidad (DNA)

Subsidios (desde 1989)

Secretaría de Desarrollo Social (dependiente de Presidencia de la Nación) Subsecretaría de Proyectos Sociales Subsecretaría de la Tercera Edad

Plan Nacional de Ancianidad

1996-2000

   

Pensiones No Contributivas

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretaría de Tercera Edad y Acción Social

Informe sobre Tercera Edad en Argentina. Año 2000

Ministerio de Desarrollo Social  

Plan para el adulto mayor "MAS" (2003-...)

 

La elaboración de este cuadro no resultó fácil ya que la dispersión de la información acerca de los ámbitos de trabajo vinculados con este sector de la población, las acciones concretas realizadas y los cambios en el organigrama en los diferentes gobiernos, complicaban la sistematización de la información. En realidad esta complejidad, que se repite a nivel de las provincias y municipios, aporta a la fragmentación en las políticas públicas relacionadas con la población mayor y su puesta en práctica. Los organismos públicos no se encuentran coordinados entre sí, no comparten los sistemas de información, lo cual contribuye a la confusión y a la inequidad del sistema, ya que permite situaciones en las que la misma persona recibe dos beneficios y otras que no puedan acceder a ninguno. Recientemente se puso en marcha la creación de un sistema único de beneficiarios de planes sociales que permitiría reducir y hasta evitar estos problemas.

Entre las que políticas públicas hacia los mayores en los ’90 vamos a considerar dos tipos (según su contenido) no incluyendo exclusivamente aquellas que específicamente se refieran a este sector sino también las más generales que los hayan afectado:

Políticas previsionales y asistenciales.

Políticas sociales y educativas.

4.1-Políticas previsionales y asistenciales

La pregunta que abordamos en este apartado es cómo obtienen sus ingresos las personas mayores y cuáles son las políticas públicas al respecto.

Por un lado, encontramos la respuesta oficial y orgánicamente dada a este problema: el sistema de previsión social que se desarrolló a lo largo del siglo XX. Como vimos, la cobertura de este sistema no alcanza a todos los mayores, sobre todo a los menores de 75 años. Veamos brevemente cómo funciona, tomando como punto de partida la opinión de Bertranou: "Las distintas estructuras institucionales que ha adoptado a lo largo del tiempo, así como de las características técnicas de los esquemas de beneficios, son por cierto consecuencia de las sucesivas coyunturas, tanto a nivel político como en lo social y económico." (2001:103)

Hacia la década del ’80 el sistema de previsión social ingresa en una profunda crisis. La pregunta es por la causas de esta situación ya que hasta el ’30 este sistema se comparaba con los de los países desarrollados. Lloyd-Sherlock explica este proceso de la siguiente manera. "La evolución del seguro social en Argentina siguió un curso similar al de otros países desarrollados y en vías de desarrollo. El sistema pasó de una fase inicial de grandes excedentes a crecientes déficits, y finalmente entró en crisis. Esto no fue una consecuencia inevitable del envejecimiento demográfico; fue más bien el resultado del fracaso del establecimiento de una relación directa entre las contribuciones, los intereses acumulados y el pago de los beneficios. Este problema se vio agravado por una administración desorganizada, la evasión y la apropiación indebida de los primeros excedentes para invertirlos en áreas que generaban bajas tasas de retorno, si es que generaban alguna. Como resultado, grandes cantidades de los recursos de los fondos eran transferidos a otras áreas del gasto público, y de las generaciones más recientes hacia aquellas más antiguas. Esto no podía compensarse de manera adecuada mediante un aumento de las contribuciones ni tampoco podía reducirse el número de beneficios otorgados. Así, el resultado final fue la devaluación de las pensiones pagadas." 20 (1999:110) A esto se agregaron los procesos hiperinflacionarios y la política de convertibilidad que se implantó en ese momento y sus efectos sobre los salarios y las jubilaciones en relación con el costo de vida: "...en septiembre de 1992 la jubilación mínima equivalía sólo al 12% del costo de la canasta familiar básica." (Lloyd-Sherlock,1999:114) Recordemos las protestas semanales de los jubilados en pos del aumento de los montos que percibían.

La salida de la crisis del sistema previsional pasó por su privatización parcial: en 1994 entró en vigencia el nuevo régimen denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), cuya cobertura resulta obligatoria (con algunas excepciones 21) para todos los trabajadores autónomos y en relación de dependencia. "EL SIPJ consiste en un sistema que cuenta con un primer pilar de reparto administrado por el Estado que otorga una prestación muy similar para cada uno de los jubilados, denominada Prestación Básica Universal (PBU). El segundo pilar otorga a los trabajadores la posibilidad de optar entre dos regímenes: (i) de reparto, con beneficios definidos, administrado por el Estado, que otorga una prestación denominada Prestación Adicional por Permanencia (PAP); o (ii) de capitalización individual con contribución definida, gestionado por empresas denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)..." (Bertranou,2001:108) Las consecuencias 22 de esta privatización aún no están claras ya que la mayoría de las personas que optaron por este régimen todavía no se jubilaron. Sin embargo Lloyd-Sherlock aclara que en 1994, después de la reforma, la situación financiera del sistema de reparto continuaba deteriorándose, siendo el gasto total del sistema tres veces mayor que en 1986.

El sistema de pensiones no contributivas (PNC) 23 con la reforma de 1994 pasó a ser administrado por la Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Presidencia de la Nación. "En los últimos años, el programa de PNC ha crecido en forma sostenida [...] dos tipos de beneficios concentran la mayoría de las prestaciones: los de vejez e invalidez, y las pensiones graciables del Congreso. Sin embargo debe destacarse que, en el período 1991-1999, los beneficios de vejez e invalidez aumentaron el 43%, mientras que los otorgados por el Congreso lo hicieron en 144%." (Bertranou,2001:110) En este sentido, Lloyd-Sherlock afirma que estas pensiones "graciables" constituían sumas fijas que eran asignadas a políticos individuales quienes las adjudicaban en base al "mérito" y no según los criterios de selección que debían ser utilizados en los otros casos.

Por otra parte, según afirma este autor ninguna fuente de ingreso individual alcanzaba para cubrir las necesidades económicas básicas de los mayores, por lo que muchos recurrieron a la combinación de diferentes fuentes de ingresos para sobrevivir (en el orden de probabilidad que se expone): aquél que percibía una jubilación o pensión, la completaba con subsidios del PAMI, la ayuda de familiares y amigos o ahorros, rentas; aquellos que no estaban asegurados, recurrían a beneficios asistenciales, al empleo 24, ayudas familiares o de amigos, de ONGs, y al cirujeo. Algunas de éstas fuentes alternativas de ingresos constituyen parte importante de las políticas públicas que desde los diferentes organismos del Estado se otorgaba –y en algunos casos aún se otorga- a los mayores en tanto sirven como "complemento" a sus ingresos permitiéndoles sobrevivir:

A) Subsidios otorgados desde dependencias del Estado a mayores sin jubilación o pensión:

A-1) Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): otorgaba pensiones para mayores de 65 años de bajos recursos, inválidos (desde el 76% de discapacidad) o que padecieran otras contingencias. "Los aspirantes eran atendidos por trabajadores sociales que operaban en el ámbito municipal. La información recogida era revisada por la oficina central del ANSES en la Capital Federal. Los criterios de selección eran rigurosos, e incluían la demostración de que ningún miembro inmediato de la familia tuviera ingresos suficientes como para ofrecer ayuda económica. [...] en 1992, el valor promedio de las pensiones mensuales del ANSES era de $124, ligeramente menor a la pensión contributiva mínima de ese momento." (Lloyd-Sherlock,1999:119)

A-2) Dirección Nacional de Ancianidad (DNA) 25: Lloyd-Sherlock explica que a partir de 1989, comenzó a otorgar subvenciones a mayores de todo el país, abarcando a 6.000 en 1992. "Las subvenciones eran consideradas como una alternativa menos costosa que el albergar a los ancianos en asilos, y diferían de las pensiones del ANSES en diversos aspectos. En primer lugar, no constituían un derecho adquirido: la DNA no estaba obligada por ley a efectuar pagos regulares a un determinado valor. El objetivo del subsidio era brindar un alivio temporario a las personas mayores de 60 años que sufrían graves privaciones. Las solicitudes debían ser llenadas por los aspirantes, o por un familiar, en la oficina de la DNA en la Capital Federal. Tras ello, un trabajador socia entrevistaba al aspirante en su casa. [...] A fines de 1992, los subsidios promedio de la DNA eran de $100 y se pagaban aproximadamente dos meses cada tres." 26 (1999:119-120)

No sabemos si en el interior las personas mayores tuvieron acceso a los subsidios de la DNA. En Tucumán nos informaron que hubo pensiones entregadas por ANSES hasta la creación en 1998 de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aunque, como explica el autor que seguimos, "Ambos organismos recibían presupuestos fijos de sus ministerios respectivos y no podían aumentarlos de acuerdo con la demanda. Esto probablemente explica por qué ambos beneficios fueron poco publicitados: ello hubiera implicado un costo adicional en el presupuesto existente y la creación de una demanda que no hubiera podido satisfacerse." (1999:121) De manera que se privilegiaba a los mejor informados sobre los más necesitados.

B) Programas Alimentarios: Los programas nacionales de asistencia alimentaria encuentran antecedentes próximos en el gobierno de Alfonsín (PAN) aunque recién hacia fines del primer período menemista se implementó un programa en este sentido desde la Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo a lo manifestado por uno de los trabajadores del Estado 27 consistía en " ...una ayuda alimentaria a los mayores de 70 que no tengan cobertura y no tengan jubilación ni pensión. Por supuesto se les daba a veces a los que tenían pensiones graciables o mínimas de $40 o $50, [...] la mínima en ese momento. Bajaba a toda la provincia. Al principio eran 14 mil beneficiarios, después de 4 años trabajamos con 10 mil y, en la segunda gestión de Menem en el 2000, se bajó a 7 mil..., y después se cerró en el 2000. [...] Se entregaba mediante las comunas y municipios. Al principio creo que lo hacía la secretaría. Después se informatizó el sistema y se hicieron convenios con los municipios. Era un poquito más que el módulo alimentario de ahora, pero eran los mismos artículos prácticamente."

Este programa se interrumpió en el año 2000 y pero a fines del 2001 hubo de implementarse otro: el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) que consistía en la entrega de tickets alimentarios. "La selección se hizo mediante consejos consultivos y delegados comunales, porque son los que saben quién necesita. Eran tickets-lunch por $25. No se daban todos los meses,... generalmente se daban dos entregas juntas. Desde el 2002 se daba y la última fecha fue en febrero del 2003, fueron doce entregas. En total eran 44 mil beneficiarios (mayores de edad: 18 años) en la provincia." A diferencia del anterior no tuvo como destinatarios exclusivos a los adultos mayores sino a éstos dentro de una población mucho más amplia: mujeres embarazadas, personas discapacitadas y mayores.

Desde la perspectiva de una persona que trabajó en estos programas "El PEA se transformó a fines del 2003 en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) que es ‘El hambre más urgente’... hemos ampliado los beneficiarios a 97 mil. Se da un módulo todos los meses casi. Se ha regularizado. El atraso es por las rendiciones de cuentas: hasta que no rendís cuentas no te dan el siguiente. La selección se realizó también por medio del consejo consultivo. Se hicieron fichas de relevamiento que al principio participa la secretaría que, con la entrega de los primeros módulos, se inscribió acá a la gente, y también en ONGs y Municipios." Igual acá también les recibimos la ficha a la gente que no sabe dónde tiene que dirigirse en cada intendencia o comuna rural. Se hizo un cruce de datos para ver si había empleados públicos, o gente que ya recibía algún beneficio. Se está haciendo un registro único de beneficiarios. No se da de baja a los que están en el Plan Mayor, porque es nuevo. Pero no se da a los que tienen jubilación. El requisito es que sea pobre porque es un complemento alimentario." El mecanismo de funcionamiento del programa es similar al anterior en cuanto a: población aunque ahora se especifica la inclusión de las familias de niños desnutridos; mecanismo de selección de beneficiarios, con un sistema informatizado y con controles, reconociendo que la vía de los consejos consultivos no funciona en todos los casos; áreas de dependencia (Secretaría de Políticas Sociales) y financiamiento proveniente del estado nacional. En el caso de los mayores aún no se ha decidido si la pensión no contributiva que reciben con el plan "Más" va a ser considerada como ingreso mínimo para dejar de proveer esta ayuda alimentaria. Si esto se concreta, los mayores ya no serían incluidos en este tipo de programas alimentarios.

A lo largo de los ’90 y sobre todo desde principios del siglo XXI, los programas alimentarios se han sostenido y expandido en cobertura y en organización. Consisten en "complementos", no se proponen resolver completamente el problema alimentario ni crear comedores, se entregan algunos productos a las familias en forma mensual.

C) Programas que se enmarcan en el Plan Nacional de Ancianidad 28. Este plan es el único documento oficial al cual tuvimos acceso que constituiría un programa global formulado en nuestro país con el fin de abordar desde un enfoque integral los distintos aspectos o dimensiones relacionadas con el envejecimiento. Su propósito principal era "...coordinar las acciones de los distintos sectores e instituciones involucrados en la tercera edad y diseñar políticas que se traduzcan en programas y acciones específicas a aplicar por los organismos oficiales de todas las dependencias y por las organizaciones de la comunidad." (1997:6) Su filosofía se basa en las distintas declaraciones en el ámbito internacional que ya mencionamos entre otras 29; y en los antecedentes existentes en el ámbito nacional (Constitución 1949 30, 199431).

El Plan Nacional de Ancianidad parte de un diagnóstico de la realidad de las personas mayores en el país 32 basado en la información disponible en ese momento (Censo 1991) y dispuso nueve áreas de acción 33. A continuación presentaremos aquellas que corresponden a lo que denominamos políticas asistenciales aunque algunas acciones que se incluyen en las mismas son educativas, sin embargo, consideramos que fueron realizadas en el marco de programas asistenciales en los que la educación constituiría un medio para el mejoramiento de la calidad de vida de los mayores en estas áreas a la vez que una manera de evitar el incremento de los subsidios.

C-1) Asistencia alimentaria, que se proponía "...en el corto plazo, la entrega de complementos alimentarios, el desarrollo de programas de educación alimentaria y la autoproducción de alimentos, fomentando la participación de los beneficiarios." (Plan Nacional de Ancianidad,1997:25) El mayor número de medidas realizadas entre 1996-97 se ubican en esta área e incluyen cursos dirigidos a mayores acerca de la alimentación adecuada, control de los programas existentes 34, asistencia técnica y financiera de la Nación a las Provincias (incluida la nuestra) y Municipios en lo alimentario 35.

C-2) Prestaciones en indumentaria. Se intentaba cubrir las necesidades de los mayores en este sentido, a la vez que generar espacios para la elaboración de prendas de vestir y calzado entre los mismos. Hasta 1997 se había propiciado la participación de ONGs, entidades comunitarias y programas estatales en este sentido 36.

C-3) Vivienda, se intentaba paliar las carencias de los mayores, valorando su permanencia en su domicilio. Las medidas realizadas hasta 1997 se centraron en la entrega en comodato de viviendas del FONAVI, los subsidios y convenios con otras instituciones realizados a través del INSSJP y la eximición o descuentos en el pago de las tasas municipales a mayores sin ingresos o con la jubilación mínima, sobre la cual existe una ordenanza en nuestro municipio capitalino. También se gestiona desde las Delegaciones del PAMI, entre las que figura la tucumana, la derivación de los mayores a hospedajes u hogares de tránsito ya convenidos en casos de emergencia.

C-4) Equipamiento y funcionalidad del hogar hace referencia a los servicios de apoyo y asistencia a domicilio que favorecen la permanencia de los mayores en sus hogares. Hasta 1997 se habían realizado cursos de formación de cuidadores domiciliarios 37, fomentado la organización de cooperativas de trabajo entre ellos, se diseñaron los mecanismos de selección y el perfil apropiado para el ingreso a esos cursos, se realizaron jornadas de formación de formadores para este rubro y se estableció un sistema de acreditación de los cuidadores.

C-5) Salud. Se tendía hacia la promoción de la salud de los mayores, difundiendo las pautas de prevención relacionadas con esa etapa de la vida, la asistencia integral de la salud de la población mayor y la revalorización de la atención que brindan los geriátricos. Hasta 1997 se realizaron talleres de educación alimentaria para mayores, la divulgación de los principios de atención primaria de la salud en la vejez 38, la formación de equipos de asistencia domiciliaria. Las medidas se orientaron a la atención que reciben los adultos mayores en los centros de día, la definición y control de los requisitos de funcionamiento de los geriátricos y el subsidio en los medicamentos a los beneficiarios del Programa Federal: PROFE 39.

C-6) Transporte y comunicaciones, con lo que se buscaba facilitar el traslado y desplazamiento de los mayores y ampliar los servicios de comunicación de los que disponen para lograr mayor autonomía y contención. Hasta 1997 se había avanzado en la identificación con obleas y la difusión entre los choferes de la obligación de la reserva de asientos especiales en los transportes públicos; y la organización de una campaña de educación vial.

El Plan Nacional de Ancianidad no propone medidas en relación con los ingresos de las personas mayores en la Argentina. Se proponen subsidios alimentarios, en salud, en transporte, etc. o su organización comunitaria para obtener recursos básicos de sobrevivencia, pero no se plantean modificaciones en la situación previsional de los mayores mientras que entre los derechos económicos, sociales y culturales de los mismos se halla el seguro de vejez obligatorio. Se deduce del diagnóstico del plan que los ingresos de los mayores provenían o de un aporte jubilatorio o de su propio trabajo. La pregunta sería qué sucede con las personas que carecen de ese aporte cuando ya no se encuentran en condiciones de trabajar. Por otro lado llama la atención que con el diagnóstico de sólo un 7,6% de los mayores argentinos con NBI en 1996, se sostengan programas con subsidios alimentarios, en medicamentos, atención domiciliaria, refacción de viviendas, transporte, sobre todo si estos programas muchas veces sólo cubren a los afiliados del PAMI, quienes perciben ingreso. Una explicación posible es que "...la metodología de la línea de la pobreza subestima la proporción de PAM [población adulta mayor] pobre." (Recchini,2001:89) Esto porque tendería a subestimar la pobreza en hogares con pocos miembros donde reside la mayor parte de esta población 40.

Subsidios41 otorgados por PAMI 42 a sus beneficiarios:

D-1) Programa Pro-Bienestar: constituye un programa de asistencia alimentaria que se puso en funcionamiento desde 1992, en dos modalidades: primero, la creación de comedores; y luego, el reparto de bolsones a través de los centros de jubilados y pensionados. Este programa se otorga a los beneficiarios mayores de 70 años que perciban el mínimo de ingresos ($250), discriminando las características nutricionales de la ayuda alimentaria según las zonas geográficas. En este sentido el responsable de la división de relaciones con los afiliados de la delegación Tucumán aclara que "...el Programa Pro-Bienestar de alimentación, [...] tiene nutricionistas, técnicos, asistentes sociales, etc. Es distinto un bolsón en Tafí del Valle que en el Este de la provincia por la cantidad de calorías necesarias,...".

D-2) Subsidios económicos: destinados a alimentación, vivienda, atención domiciliaria. Los beneficiarios de estos subsidios son afiliados del PAMI que viven en hogares cuyos ingresos son cercanos o menores a la línea de la pobreza o que tienen necesidades básicas insatisfechas "...y que no cuentan con recursos habitacionales o económicos suficientes para acceder a un envejecimiento saludable, a una alimentación suficiente o a los insumos requeridos para el tratamiento de sus enfermedades." (PAMI,2004-a:3) En nuestra provincia la coordinadora del área social explica cómo se otorga estos subsidios y cómo se selecciona a los beneficiarios: "...damos subsidios económicos, por supuesto no reintegrables, que son destinados por ejemplo a necesidades básicas insatisfechas, o sea subsidios por alimentación, durante seis meses que pueden ser renovables... no se le da a cualquiera [Interrupción] Ese subsidio es por seis meses pero parte de una evaluación, de una visita en el domicilio para ver toda la situación socioambiental, para ver si vive solo, para ver en qué condiciones está la vivienda. Se hace una evaluación a través de la asistente social y se le da un monto, que para necesidades básicas insatisfechas, puede llegar a los cien pesos mensuales. Después también se da de ochenta pesos y así. Después también se le da por AGD, que es Auxiliar Gerontológico Domiciliario, aquellas personas que están postradas, que no tienen para pagar un cuidador, se le ayuda a pagar el cuidador. Para eso ellos tienen que traer un comprobante, de recibo de las personas que los cuidan. [...] Y luego, también está otro subsidio por alquiler, aquella gente que no tiene vivienda. Tenemos una demanda en este momento de... y habrá como doscientos casos de alquiler sin cubrir."

El SIJP actual permite al adulto mayor que trabajó y aportó durante su "vida activa", recibir un monto fijo mensual además de acceder a los subsidios del PAMI; mientras que aquel que no pudo aportar, ya sea "por opción o por coacción" 43, puede solicitar una pensión no contributiva, después de los 70 años y si los miembros de su familia demuestran no poder sostenerlo o; si supera los 65 años y padece algún tipo de discapacidad, puede acceder a una pensión de la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas 44. A pesar de estas diferencias, y de la comprobación de que los ingresos percibidos como jubilación o pensión no satisfacían las necesidades de las personas mayores, no se plantea una política pública nacional que aborde esta problemática 45 hasta después de una crisis económica estructural, como la desencadenada desde el año 2001.

Luego de la transición política vivida durante el 2002, al asumir un nuevo gobierno elegido en forma directa por el pueblo, el Estado diseñó y puso en práctica un plan que asegura un ingreso a los mayores de 70 años del país que cumplan determinados requisitos, coherentes con los que hasta aquí se había planteado para acceder a este tipo de beneficios. En agosto del 2003 se puso en marcha el Plan para el Adulto Mayor ("MAS") que consiste en el otorgamiento de una pensión vitalicia a todos los mayores de 70 años que no se encuentren, ellos mismos ni su cónyuge, amparados por ningún régimen previsional, que no tengan parientes en condiciones de ayudarlos y que no posean bienes, ingresos o recursos para asegurar su subsistencia. Cumplidos estos requisitos, las personas reciben una pensión no contributiva y tienen acceso a una obra social (PAMI) a través del Programa Federal (PROFE).

Un análisis que se puede realizar en relación con las políticas públicas asistenciales relacionadas con la tercera edad es que habiéndose planteado un régimen de supervivencia de los adultos mayores en los límites de la pobreza, resulta necesario "paliar". "compensar", "buscar complementos" que les permitan sobrevivir. No se percibe a la persona mayor integralmente, en tanto ser bio-psico-social sino a alguien que con un poco de comida, medicamentos y algún médico que de vez en cuando lo atienda, es suficiente. En definitiva, aparece una visión preeminentemente biologicista y medicalizada de la vejez y aunque desde el Plan Nacional de Ancianidad se proponía un paradigma integral de las dimensiones del envejecimiento, esto no parece haber tenido cabida en las prácticas del propio estado.

4.2-Políticas sociales y educativas

Este tipo de políticas públicas destinadas a los mayores fueron diseñadas y puestas en práctica desde distintos organismos del Estado y la sociedad civil. Incluimos aquellas que están destinadas a elevar la calidad de vida de la población de adultos mayores (excluyendo el aspecto económico) en cuanto al pleno ejercicio de sus derechos sociales y educativos. Durante la década del ’90 hasta la actualidad podemos relevar los siguientes programas e instituciones que persiguen fines relacionados con este tipo de políticas:

El PAMI

Este instituto incorporó desde la década del ’70 en su modalidad de funcionamiento46, la grupalización de los mayores en los denominados "centros de jubilados y pensionados"47 que nuclean a los afiliados del PAMI. Según la coordinadora del área social "…trabajamos con los centros de jubilados,[...] que fueron formados a partir del PAMI, o sea, algunos existían pero digamos que el PAMI los potenció, los organizó, los ordenó como instituciones de la comunidad". Ese orden y fortalecimiento de los centros se debe a que mediante ellos el PAMI pone en práctica programas tanto asistenciales (Pro-Bienestar, subsidios para enfermería y pedicuría) como sociales (cursos de Auxiliar Gerontológico Domiciliario, voluntariado, etc.) 48.

En relación con los programas asistenciales la coordinadora explica que "...gener almente en los centros de jubilados están los médicos instalados, que van dos veces por semana, están enfermeras, están pedicuros, en algunos hay dentista. Entonces el centros de jubilados tiene distintas prestaciones, que al pagar, ir el afiliado y al pagar la cuota que es de dos pesos, tres pesos nomás, tiene todos esos beneficios ahí.". Se plantea como óptimo que en el marco de estos programas, el centro se organice para realizar otras actividades49, por ejemplo "El Programa Pro-Bienestar se crea con otro sentido: que el centro de jubilados sea un efecto comunitario. Y últimamente se ha ido desvirtuando, hace once años que está este programa, y se transformó nada más que una mera entrega de bolsones. Hoy se está resurgiendo ante nuevas... y con otras actividades, con otros... objetivos"

Desde el PAMI se considera que los centros cumplen una importante función social: "...la Atención Primaria de la Salud, contención, recreación, esparcimiento, intercambio cultural con sus pares, llegando también a satisfacer sus necesidades primarias. Entre sus actividades podemos destacar servicios de enfermería, pedicuría, yoga. También se llevan a cabo reuniones sociales y de camaradería y algunos organizan diversos cursos como folklore, guitarra, teatro, cerámica, costura, etc."50 (2004-b:1). Expresado p or la coordinadora del área social de la Delegación-Tucumán, "...uno de los objetivos es que [el mayor] no esté solo, que salga de su aislamiento, entonces que se incorpore a grupos. Esa función también tienen los centros de jubilados: agruparlos, integrarlos, para que se socialicen, compartan, estrechen vínculos, redes en donde se vinculen entre ellos y se organicen a partir de ahí, actividades que partan del interés y la necesidad del afiliado..."

En este marco se generaron en los centros proyectos de alfabetización, microemprendimientos, talleres recreativos. El responsable de la relación del PAMI con los afiliados explica que "Las actividades recreativas se realizan en los centros que tienen local en condiciones, algunos funcionan en casas de familias, otros alquilan, tienen locales en comodato. [...] A todas las actividades van más mujeres [...] tratamos de promocionarlos, pero no van todos. [...] Cuando otorgamos los subsidios, llegamos al 25%. Ahora hacen este tipo de actividades pero no tenemos registro. A veces los visitamos y nos enteramos. Lo hacen en forma particular, arreglan una cuota de un peso o dos la clase. Creemos que hay un 25% de centros que están realizando actividades,... con el subsidio ayudamos a pagar al profesor, y como máximo llegan al 30%." Si el centro tiene las condiciones para el funcionamiento de estas actividades y las requiere al instituto en un momento en que se las subsidie, recibe un cheque para el pago del docente 51.

Aunque desde hace tiempo se realizaban este tipo de prestaciones a los afiliados, el INSSJP las reordenó 52 el último año, definiendo tres niveles de intervención de los cuales el primero es la Promoción y prevención sociosanitaria 53. Este nivel "...comprende el desarrollo de Programas de promoción y prevención dirigidos a la población afiliada en general o a grupos que presentan riesgo sociosanitario 54, brindados en forma directa en ámbitos institucionales o comunitarios, cuya implementación es de baja complejidad y tienden a promover la salud mediante la contención e integración del afiliado en ámbitos participativos, impulsando el autocuidado, la ayuda mutua, la formación de redes sociales y comunitarias, la gestión asociada y la fuerte implicancia de los actores locales y de la sociedad civil." (PAMI,2004-a:3) Abarca programas de diferentes áreas y departamentos del instituto, en base a los cuales se elaboraron los siguientes lineamientos: "*La salud como bien social. *Equidad en la distribución de recursos. *Mayor Accesibilidad a los Servicios del INSSPJ. *Metodología de Gestión Asociada y participativa. *Lo local como espacio estratégico de acción. *Centros de Jubilados y Pensionados como Efectores Comunitarios. *Convocatoria del Capital Social. *Recuperación de la Cultura del Trabajo. *Instalación de formas Cooperativas y Solidarias y de Fortalecimiento Comunitario. *Prioridad en las zonas de mayor pobreza con circularidad de recursos en aquellas más alejadas." (PAMI,2004-a:5)

Se sistematizó el funcionamiento de tres proyectos que se realizaron al menos a lo largo de la última década del siglo XX:

"PAMI solidario", con el cual se buscaba propiciar la integración de los mayores a través de emprendimientos productivos y de servicios en las organizaciones sociales así como su fortalecimiento y capacidad de autogestión. En algunos centros de jubilados y pensionados de nuestra provincia se están realizando proyectos de microemprendimientos: según la coordinadora del área social "…hacen reciclaje de materiales en desuso, distintas actividades manuales. Eso también ayuda en la salud o sea, nosotros no descuidamos... el objetivo, ¿qué es? Mejorar la calidad de vida pero tendiendo a que mejore su estado de salud [...] en este caso, a través de la motricidad..."

"Casas abiertas a la comunidad" como espacios de inclusión social y proyección comunitaria promovidos desde los centros de jubilados y otras asociaciones, propiciando espacios de libertad e intercambio con otros.

"Formación de promotores voluntarios en salud" , entre la comunidad en general y los propios mayores para su participación en campañas preventivas, la organización de talleres sociosanitarios, de postas en espacios públicos y para la promoción de la revinculación familiar de los afiliados y su interacción con otras generaciones. En Tucumán la coordinadora del área social destacó las funciones, la formación de los voluntarios y la problemática del financiamiento: "...a partir del seno del centro de jubilados genera voluntarios, que son los que van a hacer una tarea de acompañamiento, de apoyo y digamos de contención a aquellas personas mayores que están solas, ya sea en los domicilios, o en los sanatorios, o en los geriátricos. [...] en ese momento, se hizo un curso para voluntarios, que lo organizó el PAMI [...] Para que un voluntario nuestro salga a la calle y trabaje, tenía que saber puntualmente lo que era la institución. Se trabajó en eso, se los capacitó [se trabajaron los prejuicios contra la vejez], después se hizo una evaluación. Porque mucha gente venía con la expectativa de que iba a conseguir una inserción laboral, y se olvidaba que el voluntario es voluntarismo. Se los capacitó y después se les hizo una encuesta, una entrevista de selección, a través de un psicólogo y una asistente social que evaluó un poco el perfil para... hicimos un perfil de voluntario y evaluó si ese alumno que se había capacitado respondía al perfil... muchos quedaron y bastantes se fueron... ¿Dónde trabajó el voluntario? [...] los insertamos en los hogares geriátricos. Hoy el voluntariado está por capacitar porque recién se ha lanzado de vuelta. Estuvo mucho tiempo suspendido por falta de recursos económicos, porque era un programa sin sustento económico. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos el problema de que el voluntario no tenía con qué manejarse, cospel para ir al geriátrico, para hacer un domicilio, para hacer un acompañamiento. Entonces nosotros desde aquí le dábamos para la movilidad, para que se mueva. Entonces ahora se lo hace más comunitario. A partir del centro de jubilados, empiezan a ir, a irradiar su acción y, son gente del lugar, que no se tiene que trasladar mucho.[...] O sea, en cada zona va a haber grupos de voluntarios.[...] Como hacen distintas actividades, además de ésas pueden hacer actividades recreativas, culturales, dentro del centro de jubilados".

En definitiva, desde el PAMI se considera que las prestaciones tienen un sentido preventivo porque, en palabras de la coordinadora del área social, "...en la medida que vos más o menos lo tengás alimentado al viejo, con el bolsón más o menos estás asegurando...[...] Estás asegurando medianamente la alimentación y le estás previniendo enfermedades. Además, los centros de jubilados, van, juegan a las cartas, se reúnen." Coincide el objetivo de las actividades recreativas según el responsable de la división de relaciones con afiliados "Creemos que las actividades recreativas tienen un grado de importancia muy grande en la prevención, porque genera una mejora en la salud del afiliado, lo que lleva a una menor tasa de uso del servicio. Esta es una regla que se da siempre. Nosotros no tenemos estudios exhaustivos, no sé la Nación. Por ejemplo, en 1995-96 con "Turismo y jubilados" bajaron el uso de medicamentos y consultas médicas porque existían estas actividades recreativas,... por eso se quieren incluir en el presupuesto 2004." No obstante la perspectiva de la vejez medicalizada se mueve hacia lo recreativo-educativo-productivo, lo principal es disminuir las enfermedades en los mayores, las consultas al médico y el uso de medicamentos. Se persigue una disminución en los costos del instituto bajo el lema de la mejora en la calidad de vida de los afiliados.

II) El Plan Nacional de Ancianidad, en las siguientes áreas:

II-a) Tiempo libre, se incluyen actividades que permitan el desarrollo de las potencialidades creativas de los mayores, atendiendo a sus necesidades y combinando propuestas de actividades físicas, creativas y culturales; actividades entendidas como medio de resocialización más que como entretenimiento. Se plantea la creación de ámbitos donde estas acciones puedan llevarse a cabo así como su promoción y valoración. Hasta 1997 se incluyeron a los mayores en concursos o competencias (Torneos Bonaerenses), se organizaron actividades recreativas a la población mayor privada de su libertad, y se implementaron programas de turismo y miniturismo para personas mayores, incluso aquellas que requiriesen la proximidad de servicios de atención profesional de la salud mediante un convenio con la Confederación General del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Social 55.

II-b) Educación, entendida como una necesidad y una herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida. Se parte de la situación de obsolencia de la información y falta de actualización de algunos conocimientos de la población mayor dada la distancia temporal de su paso por el sistema educativo formal, por lo que se plantea su incorporación tanto en actividades de educación formal, en sus distintos niveles, como de educación no formal en diferentes ámbitos e incluyendo espacios de preparación a la jubilación; así como el fomento del conocimiento por parte de la sociedad en general acerca del proceso de envejecimiento. Hasta 1997 en esta área se había planteado el incentivo a la organización de actividades en las universidades de la tercera edad o desde la extensión universitaria 56, así como la articulación de experiencias e intercambio de información acerca de las actividades que se realizan, la población a la que se atiende y el organismo del que se depende.

II-c) Integración social. Se busca modificar la imagen que la sociedad tiene de esta etapa de la vida para que todos podamos prepararnos para vivirla pero principalmente para mejorar la integración social de los mayores, a través de la creación de espacios de participación familiar y extra-familiar, de intercambio intergeneracional, de aprendizaje acerca de lo que significa el envejecimiento, revalorizando y jerarquizando los distintos roles que pueden desempeñar las personas mayores en la sociedad. Hasta 1997 se realizó un curso para la jerarquización y capacitación de los auxiliares geriátricos y gerontológicos, se generaron espacios en los que los mayores transmitían conocimientos en artesanías u oficios a jóvenes y se realizó una convocatoria a voluntarios, incluyendo el objetivo de la eliminación de las barreras o prejuicios que impedían a los mayores trabajar como voluntarios.

El análisis general de lo realizado un año después de la formulación del Plan Nacional de Ancianidad muestra que la mayor parte de las acciones emprendidas se orientaron a la formación de los propios mayores aglutinados en sus organizaciones en torno a temas centrados en la educación para la salud, o a la capacitación de los "recursos humanos" destinados a trabajar con los mayores. Por otra parte, se recuperan acciones que aunque no se realizaran por primera vez ni a partir del plan, se emprendieron desde los distintos ámbitos del estado (nacional, provincial, municipal), "reparticiones" del mismo 57 u organizaciones sociales principalmente de personas mayores, ya existentes 58. Los recursos económicos provenían principalmente del estado nacional canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo Social-Subsecretaría de Proyectos Sociales y/o fueron transferidos hacia ámbitos provinciales o municipales a veces con convenios con ONGs del medio en el que se actuó.

III) Plan Nacional de Alfabetización

Este Plan surge en el gobierno de Raúl Alfonsín dada la cantidad de personas adultas analfabetas absolutas y funcionales 59 con que contaba el país. Sus objetivos apuntaban a la erradicación del analfabetismo, "...a completar la educación de los neoanalfabetos mediante estrategias de aprendizaje para la postalfabetización y la educación continuada" (Evaluación Participativa Proyectiva,1989:14) y a posibilitar un sistema permanente de educación de adultos. A nuestra provincia llega en 1986 a través de convenios entre los gobiernos nacional, provincial y municipales. El plan implicaba la creación de centros de educación de adultos en los cuales los alfabetizadores, a los que no se les exigía el título docente, trabajaban con la población que convocaban, no sólo enseñando a leer y escribir sino que tenía "... en muchos casos, que convertirse en gestor de los problemas individuales (legales, sanitarios, etc.) de sus alumnos y la comunidad toda." (Evaluación Participativa Proyectiva,1989:19). Es decir que el alfabetizador se vio impelido a convertirse en un animador socio-cultural. En este marco se transmitían contenidos englobados en el primer ciclo de la escolaridad sin haber previsto mecanismos de articulación con el sistema provincial para la obtención del certificado de terminalidad de la escolaridad obligatoria. Los recursos financieros y el material didáctico eran provistos por el estado nacional. Existía una modalidad presencial que se desarrollaba en los centros y otra modalidad a distancia para la cual se recurría a la radio y a alfabetizadores que trabajaban fuera del horario de funcionamiento del centro.

La información que obtuvimos acerca de las franjas de edades que asistían a los centros en nuestra provincia muestra que "...la mayor cantidad de población alfabetizada se encuentra entre 15 y 19 años de edad. Notándose que el menor número de alfabetizados corresponde al grupo de 14 años y mayores de 45 años. [...] en el año 1989 hay un considerable incremento de alfabetizados en el grupo de edad de mayores de 55 años." (Evaluación Participativa Proyectiva,1989:42)

Un miembro del equipo técnico de la Dirección de Educación de adultos de la Secretaría de Educación de Tucumán explica que este programa en 1990 se transforma en "El Programa Federal de Alfabetización [que] aparece o se implanta en la provincia, en toda la provincia a partir del año ’90, 1990. Digamos se ha tomado como antecedente para este plan, lo que ya existía que es el Plan Nacional de Alfabetización. El objetivo del programa federal en realidad es llegar a toda la población adulta, considerando adultos a aquellos,[..] de 15 años en más, en donde la oferta es la alfabetización, la educación básica y además en forma paralela digamos, lo que sería una capacitación laboral bien entre comillas.[...] más que una capacitación laboral es capacitarlos para la subsistencia digamos, para la autosubsistencia, si hacen corte y confección, para que puedan arreglar, reciclar su ropa y si pueden armar ropa nueva; lo mismo en carpintería, lo mismo en electricidad, digamos no los formás para el empleo, eso... porque no tienen tampoco certificación..." Así como aparece como fortaleza de estos planes que el sistema sea de educación no formal, la falta de certificación y de articulación con el sistema formal constituiría una debilidad.

La educación no formal se presenta como una fortaleza en tanto atrae a las personas que no fueron a la escuela –y en este momento no lo harían -, el sistema es personalizado por lo que "...no exige al alumno un aprendizaje forzado en cuanto a curriculum y tiempo, adecuándose a su capacidad y ritmo individual y a su posibilidad de participar y concurrir toda la familia al centro, o escuchar la radio en su casa,..." (Evaluación Participativa Proyectiva,1989:44)

Este programa es transferido al estado provincial a partir de 1992, iniciando un proceso que finalizó en el año 2003. Este año se inició el proceso de transformación curricular, aspirando a la elaboración los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Educación de Adultos.

La Ley Federal de Educación prescribe como propósitos de la educación de adultos el desarrollo integral, la cualificación laboral o la preparación para proseguir los estudios. Aunque no especifica la población de adultos mayores como destinataria de acciones educativas, en el título IV, de educación no formal dispone que las autoridades oficiales "Promoverán convenios con asociaciones intermedias a los efectos de realizar programas conjuntos de educación no formal que respondan a las demandas de los sectores que representan." (art. 35, inc. d) En el caso de los mayores, las asociaciones intermedias podrían ser instituciones como los centros de jubilados, los centros del exprograma federal, el programa E.P.A.M. (Educación Permanente para Adultos Mayores) 60, las mutuales, etc., aunque no conocemos ningún convenio de este tipo.

En nuestro país no existen políticas educativas específicas para los adultos mayores sino que se ven involucrados como destinatarios de políticas públicas que involucran a la población en general. Por otra parte, como vimos, la educación aparece desde una visión como un apéndice de las políticas de salud, como un medio para mejorar la salud de los mayores o para disminuir los costos de su obra social. Sin embargo, tal vez desde los mismos espacios institucionales, se propone otra concepción en la que la persona aparece en su complejidad, con oportunidades para desarrollarse y aprender, para participar en la sociedad en los distintos espacios que les brinda, para brindar conocimientos y experiencias.

4.3- ¿Qué rol asumió el estado nacional en relación con las políticas sociales destinadas a los mayores?

En el Plan Nacional de Ancianidad (1996-2000), único documento en el que se explicita una posición, se plantea la necesidad de que exista un Estado que pueda: *diseñar políticas 61, *ejecutar programas, *estimular acciones sociales, *controlar la calidad de las prestaciones, *evaluar. Se afirma que es responsabilidad de todos los actores sociales 62 llevar a cabo una política social equitativa mientras que el "...Estado debe cumplir un rol importante en el diseño y ejecución de estas políticas, ofreciendo el escenario donde actuar y las metodologías para concretarlas. [...] esta orientación refuerza la concepción de un Estado moderno, reducido, eficiente, fuerte, que convoca a la amplia participación de los otros actores sociales y los compromete en su accionar que va desde la prestación directa de los servicios a nivel nacional, la transferencia de fondos de provincias, municipios y ONG para la ejecución de los programas." 63 (Plan,1997:8) En definitiva un modelo de Estado neoliberal, que durante la década de los ’90 se ha sostenido desde el Estado Nacional, sin excepción de las políticas destinadas a los mayores como vimos. Se trata de un modelo cuya política ha fracasado en nuestro país en los diferentes ámbitos en los que ha sido aplicada, por diversos motivos entre los cuales Jorge Paola señala uno de sus baluartes contra el Estado de Bienestar: "Podemos señalar como un fracaso de la política neoliberal en nuestro país el hecho de preconizar la disminución del gasto público, mientras que bajo su mando el mismo creció aproximadamente en 60%." (2003:129)

Los gobiernos subsiguientes no lograron definir un modelo de Estado claro en general, ni políticas integrales relacionadas a esta población. La única referencia a este sector que contamos en el gobierno de De la Rúa es la elaboración del "Informe sobre la Tercera Edad en Argentina. Año 2000" desde la Secretaría de Tercera Edad y Acción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación. En el mismo, estudiosos del tema en nuestro país abordan distintos aspectos del envejecimiento poblacional (situación demográfica, previsional, salud) e individual (características psicosociales) brindando una diversidad de perspectivas y líneas de discusión y acción posibles desde una mirada presente y futura. Este Informe es en sí mismo importante desde el punto de vista académico, ya que brinda datos y desarrolla temáticas desde la realidad de nuestro país, pero además constituye un diagnóstico de la problemática de la población de adultos mayores argentinos desde diversas perspectivas. Su relevancia viene también del solo hecho de su existencia como fuente de información a los decisores políticos y a las organizaciones de la sociedad civil 64. Además aparece una relación entre los ámbitos científicos y políticos y los que en ellos trabajan. La dificultad que encontramos radica en la difusión dada a este Informe: sólo era conocido por algunos especialistas del tema 65 no existiendo un ejemplar en los espacios públicos de nuestra provincia.

Desde fines de la década del ‘90 abundan las críticas al estado neoliberal. Actualmente, si bien la tendencia es la de recuperar algunas características del Estado de Bienestar, aún no existen políticas integrales. En el caso de los mayores, el estado parece haberse propuesto asegurar que todos los mayores posean medios para su subsistencia. No podemos hablar aún de un "seguro de vejez obligatorio" pero las pensiones no contributivas otorgadas constituyen un avance en la cobertura universal de la protección social de las personas mayores. Es importante que esta población haya aparecido como destinataria de una política pública específica, sin embargo es necesario avanzar en relación con la concepción de vejez que subyace para generar políticas que consideren a la persona en su complejidad e integralidad, como seres completos.

Tal vez una de las cuestiones más relevantes respecto del rol del Estado sea pensar en torno a la delegación de responsabilidades y acciones a una sociedad civil que carecía de los medios, la organización y la formación para hacerse cargo de las mismas. En el caso de los mayores, esta es una línea que debemos profundizar. En este sentido Lloyd-Sherlock postula una fuerte presencia histórica del Estado, aunque la crisis de fines de los ’80 abrió las posibilidades a la participación activa de la sociedad civil y el sector privado. Por su parte, Jorge Paola plantea la necesidad de incorporar la voz no sólo de los propios adultos mayores sino también de las sociedades científicas. Un paso en ese camino fue el Informe que comentamos.

4.4- Las políticas públicas provinciales relacionadas con las personas mayores en Tucumán

En el estado provincial actualmente las políticas públicas vinculadas a las personas mayores son vehiculizadas a través de la Secretaría de Estado de Políticas Sociales 66 anteriormente denominada Secretaría de Bienestar Social. En el marco de esta secretaría trabaja la Dirección de Familia, Minoridad, Mujer y Tercera Edad entre cuyas dependencias se encuentra el Departamento de la Tercera Edad, creado en 1993 para "Lograr la inserción social, ciudadana y familiar del anciano, desde su valorización personal y capacidad natural de socialización; consolidar organizaciones solidarias, que constituidas como centros recreativos, sirvan de ‘lugar de encuentro’, integración, sensibilización, comunicación, en dos dimensiones: del anciano para con la sociedad y de la sociedad para con el anciano." (Dirección de Menores y Ancianos,1999). Estos objetivos generales del Departamento fueron especificados por un empleado administrativo de esta dependencia con claridad "...[el departamento] tenía a su cargo a: los centros (asistencia nutricional y recreación); a los adultos mayores desprotegidos (abandonados o con problemas familiares), y las asociaciones privadas, religiosas o mixtas de hogares de ancianos. [...] La función de tutelaje, de protección del adulto mayor abandonado se refiere al vagabundo, al que queda sin familia y no hay quién lo asista, o la familia no puede enfrentar su asistencia (en ese caso el asistente social debe corroborar la situación del hogar, o la soledad de la persona que ya no puede mantenerse ni con "changas" y se enferma), y los internos en el hospital que están solos o la familia no se hace cargo y tienen el alta médica pero no tienen adónde ir. A éstos, el asistente social los trata de ubicar en el hogar San José (que es religioso) o San Alberto (que depende de la Dirección de Familia), en el Psiquiátrico San Juan o San Vicente de Paul para ciegos en Lules. El Departamento de la Tercera Edad tiene que relevar estas instituciones. Según la Ley 6749 y 6845 el SIPROSA y la Dirección de Familia tienen tarea de policía sobre estas instituciones, es decir, la supervisión, habilitación y acreditación de los hogares de ancianos."

Desde la creación del Departamento de la Tercera Edad se pusieron en marcha una serie de proyectos67:

1) El complemento nutricional. Consistía en la entrega de la mercadería para una merienda, que el estado proporcionaba a los centros de la tercera edad en sus orígenes, como forma de convocatoria. Se entregó desde el año 1994 (desde el ingreso de cada centro al programa) hasta 1997 en que fue sustituido por la Copa de Leche que se extendió hasta 1999. Ese año se inicia la entrega de bolsones en forma mensual a cada centro.

2) Los centros recreativos de la Tercera Edad. Este programa se diseñó para permitir la vinculación de los mayores entre sí; la realización de actividades culturales, recreativas, sociales, de turismo para su socialización y satisfacción personal de modo que el centro constituyese para el adulto mayor un espacio de participación social y comunitaria y de desarrollo de la creatividad. También permitiría a las autoridades la asistencia y la derivación de los casos que requiriesen una atención especializada. De acuerdo con el relato de un empleado administrativo entrevistado, las organizaciones de adultos mayores que existían se inscribieron en este programa, éstas organizaciones "... eran núcleos de hecho (formados en torno a un líder comunitario, generalmente también puntero político) algunos de los cuales ya trabajaban y otros, por esto (el complemento nutricional) se empezaron a organizar. Con ellos hicimos un listado en 1997. La recreación incluía miniturismo, talleres culturales, etc."

Desde el estado provincial se elaboraron listados de los centros recreativos de mayores en funcionamiento, se hicieron visitas "de cortesía", se los acompañó en diferentes eventos como la elección anual de la reina de la tercera edad. Según una entrevistada los centros suman ciento veintidós (122) en la provincia aunque pueden tomar diferentes nombres (club de abuelos, centros recreativos, centros de tercera edad,...). La mayoría 68 han logrado legalizar su situación y constituyen asociaciones civiles, es decir pertenecen al tercer sector, se autogestionan, no recibiendo subvenciones del estado. En este sentido un entrevistado explica la relación entre el estado provincial y los centros "Los centros eventualmente pedían subsidios (para sillas, para los talleres, por ejemplo, para armar peluches) y la secretaría eventualmente les daba." Los centros como ONGs conformaron espacios a través de los cuales los programas del estado u otras organizaciones llegan a las personas mayores.

El actual Director del Área de Tercera Edad recuerda que "El primer programa fue ‘Lugares de encuentro para la tercera edad’. Lo importante era tratar de apoyar la actividad recreativa para integrar al anciano en su medio, mediante actividades de laborterapia, actividades culturales, miniturismo,... fomentando la socialización, la camaradería. Se desarrolló a través de centros recreativos. Ése era uno de los programas que se siguió en el tiempo", desde el primer director." Consistía en talleres de pintura, tango, folklore, guitarra, gimnasia, yoga que se realizaban en un espacio cedido por el estado provincial.

En un primer momento, entre 1994 y 1999, los talleres se desarrollaron en el Predio Ferial y en un segundo momento, desde 1999 hasta 2003, en un local céntrico. El pago de los docentes estaba a cargo de los alumnos y el estado sostenía el local. Este programa estaba destinado a "Personas autoválidas, con buena salud y que quieren tener un lugar para desarrollar alguna actividad que puede ser de índole cultural o recreativa. Nosotros tratamos de tener una casa de la tercera edad, donde se den diferentes disciplinas que al adulto mayor le puedan interesar: tango, gimnasia, folklore..."

En opinión de una entrevistada de esta dependencia estatal "Más que personas de tercera edad, ya en el últimos años iban adultos jóvenes para cubrir un cupo que necesitaba el profesor para dar la tarea. Había adultos mayores que pertenecían a zonas barriales de la capital y no podían pagar el transporte, creo yo... porque hubo mucha difusión por televisión, pegatinas." Relacionado con esta hipótesis se realizó también una experiencia de "taller ambulante" en la que el profesor itineraba entre los centros (que lo solicitaban y disponían de las condiciones adecuadas) en los barrios.

3) Miniturismo. Se inició en el 2000 con un cupo de cuarenta centros que viajaban un día a Lules, El Cadillal, Tafí Viejo, entre otros destinos. El estado proporcionaba el transporte y en ocasiones el centro debía hacerse cargo de la comida: "Con la fundamentación de la asistente social [...], hacés un presupuesto y la provincia te aprueba. Ponéle, $150 por colectivo, por 50 viajes, son $5000; más un monto para refrigerio, lo justificás y la provincia te da el cheque. Esto se mantiene en el tiempo. Ahora va a comenzar de nuevo" , según comenta el Director del Área.

4) Programa "Por Amor a los Niños y Ancianos". En el año 2002 estaba dirigido a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, una empleada administrativa lo describe en estos términos "...había una persona encargada de atender casos de denuncias por maltrato, abandono, se hacían internaciones. Se trabajaba la cuestión del adulto mayor carenciado. El personal técnico era de cuatro personas (tres administrativos y un coordinador de los centros), una trabajadora social y una psicóloga como pasante."

Los programas responden a los objetivos que el Departamento de la Tercera Edad se propone, sin embargo sólo algunos han logrado mantenerse en el tiempo. Las propias personas que trabajan en esta dependencia son críticas respecto de la función del estado en relación con los mayores y su cumplimiento. Como veremos a continuación, todos los entrevistados coinciden en cuanto a la falta de recursos para la realización de su tarea e incluso, a la "utilización" de los espacios creados para los mayores, para la realización de campañas políticas.

Un empleado administrativo analiza: "La falencia del Departamento de la Tercera Edad fue no hacer un seguimiento de los centros de adultos mayores, además de la restricción presupuestaria. [...] Ahora no hay nada, la tercera edad está desprotegida por la restricción presupuestaria y por la "desaparición" administrativa, porque no hay quién supervise, dónde hacer un reclamo. Actualmente la situación parece incluso más grave ya que la Directora de Políticas Sociales explica que "[La Dirección de Minoridad y Familia] Hemos dejado de ser un ente autárquico, antes tal vez había más recursos para hacer cosas, acciones para llegar a la gente, a los centros. Ahora ya no disponemos de recursos." El Director del Área de Personas Mayores sostiene que "…desde la Dirección se trabaja de otra manera, hay otra disposición, se cuenta con pocos recursos (porque dejó de ser un ente autárquico) y los que hay, deben destinarse a otras áreas: a niños y adolescentes porque es lo más... urgente, los desnutridos, los chicos de la calle."

En cuanto al uso para fines políticos los entrevistados opinaron que "La actividad de la Nación es mucho más completa porque esto nace con un fin político,... como ovejas al matadero... los arriaba: ¡vamos a tal lugar a ‘alentar’ al candidato del turno!" Incluso el director del área comenta que "Hay talleres que funcionan ahora en la casa del partido justicialista. Se puede hablar con la coordinadora de los centros de adultos mayores... esto tiene que ver con cuestiones políticas, los centros reciben ayuda pero también le hacen campaña a algún político, van... esto es así y no hay por qué no manifestarlo, ¿verdad?"

También aparecen dificultades a la hora de presentar proyectos a nivel nacional según la licenciada en Trabajo Social del Área, "Los proyectos fueron girados a Buenos Aires y fueron rechazados porque la provincia recibe los planes y no rinde cuentas, entonces cuando ingresamos nuevos proyectos o programas, si no hay rendición de cuentas anterior, los proyectos caen. Cayeron esos dos proyectos importantísimos para la población [...] Estamos cero. Tucumán, el Estado provincial está a cero y en deuda con este sector poblacional. Esperemos que las cosas cambien."

La información sobre las políticas públicas hacia las personas mayores aparece en forma dispersa, fragmentaria. Al momento de iniciar las entrevistas en estas dependencias, nuestra provincia vivía un cambio de gestión en el gobierno por lo que resultó muy difícil obtener información al respecto, de modo que fue necesario regresar este año para completarla. Los trabajadores explicaron la situación como sigue: "No hay, en este momento el Estado no atiende a la tercera edad. No está siendo atendida, cayó el programa de... se llamaba PANA, Programa "Por Amor a los Niños y Ancianos". Ese programa cayó y cayó la tercera edad con ello. Se está esperando, la idea es que se espera la asunción de las nuevas autoridades y ellos marcarán los lineamientos.""El gobernador quiere cambiar todo pero no busca consensuar un organigrama con los empleados ni capacitarlos. Paga el pato el contribuyente." "Hay que esperar a que se vuelva a formar la estructura, pero con capacidad técnica, especializada, con profesionales.[...] A pesar de que está armado el proyecto y el programa [de centros recreativos], falta empezar a trabajar." Se preveía que el inmovilismo durara desde octubre 2003 hasta marzo de 2004, es decir, seis meses de estancamiento por motivos políticos. En el 2004 explicaban así esta situación: "Todas las políticas sociales han sufrido los vaivenes...de lo económico. Tanto a nivel nacional como provincial no se respetan los tiempos de los programas, ni los programas en el tiempo. Si yo hago un proyecto, y después me voy, y todo queda ahí. Hubo muchos cambios sobre todo a nivel nacional. Yo viajaba una vez a Buenos Aires y la siguiente vez ya no había nadie de las personas con las que yo había trabajado."

Si bien no es un problema exclusivo de nuestra provincia, la discontinuidad en las transiciones de gobierno conduce a una inmovilización de los recursos y sobre todo de las personas que trabajan en las dependencias estatales. El director del Área pone esto de manifiesto explicando cómo funciona el sistema desde su punto de vista "Es difícil generar proyectos desde acá, sobre todo porque cada administración que llega tiene una postura diferente, porque cree que la solución para los adultos mayores pasa por acá, la siguiente por allá y así. Pero ninguna, no puede cambiar lo que ha estado enquistado en el poder, así que el que quiere trabajar [en la línea marcada por la administración] cada vez está más sólo. Les ha pasado a todos y le está pasando al actual gobernador también,... es tocar los intereses, y no se puede imponer, hay que llegar a un consenso y cada vez que se consensúa se hace menos,... [...] Lo que queda por hacer en realidad es hacer cumplir las leyes que ya están. Porque si uno tiene un auto viejo y no tiene dinero para comprar otro, arregla el que tiene. En este país en vez de arreglar un auto viejo quieren comprar uno nuevo cada administración que llega [...] Porque mirá, se pasa el primer año, conociendo; el segundo año siempre hay una elección de algo así que se la pasa haciendo política; el tercer año ya la gente empieza a ver que estos llevan tres años y no han hecho nada, entonces llaman a alguien para que arregle, para que dé un lavado de cara y parezca que todo está bien, pero no es así. Es como cuando vos sos una persona desordenada y cuando vienen visitas a tu casa a último momento le pedís a alguien que venga a limpiar y a ordenar,... si está bien para las visitas pero no es tu realidad, no es tu realidad. Así hacen, pagan a último momento para que le den una lavada de cara, para que parezca que hicieron algo. Todas las políticas son efectivistas más que efectivas, están según las políticas del gobierno de turno, pero no hay una política a largo plazo detrás. Acá vienen un montón de casos... pero qué respuesta le podemos dar si no hay una política de fondo."

Podemos pensar que en el caso de nuestra provincia también se aplicó el modelo de estado neoliberal. Ésta podría ser una de las causas de la situación de desfinanciamiento observada en cuanto a las políticas públicas vinculadas a este sector. También podría funcionar como hipótesis –planteada por un entrevistado- la necesidad de priorizar las poblaciones a atender en una situación de crisis como la vivida en los últimos años. Sin embargo esto no encuentra aliciente en el marco de los lineamientos internacionales ni justifica la desatención actual. La idea de una "deuda pendiente" del Estado para con los mayores está instalada entre los trabajadores del estado que se enfrentan diariamente con las personas que van a solicitar algún tipo de beneficio. Los programas que desde el Estado se proponen atienden a la recreación y al asistencialismo más que al cuidado de la persona y a su atención integral, aunque desde las formulaciones técnicas se privilegie una mirada global al adulto mayor, como persona compleja y completa. Incluso en las acciones asistenciales y recreativas que se realizan, se privilegian los fines políticos y se generan programas intermitentes en épocas cercanas a las elecciones. Algunas de las propias asociaciones de mayores obtienen algún provecho de la situación a través de sus contactos o creando "centros-fantasmas" "La idea era llevar la gente a un lugar y poner el cartel... y uno iba al lugar y no era conocido. Aparecía en los papeles como un centro pero eran fantasmas. Ahora, para dar bolsones, los listados eran extensos."

No existe una política pública orgánica que tenga como destinatarios a los adultos mayores. Si se profundiza, aparecen programas desarticulados, esfuerzos aislados, incomunicación entre los diferentes ámbitos y niveles de decisión del Estado, dispersión de la información. Se destina dinero público a estos programas aunque no resuelvan el problema. Se atiende a las consecuencias y no a las causas de la situación de vulnerabilidad que presenta la población de adultos mayores en general y sectores específicos dentro de ella, que se encuentran sin ingresos por jubilación o pensión o sin cobertura médica y social. La población de adultos mayores en Argentina y en Tucumán es diversa. Las políticas públicas para atenderla deben respetar esas diferencias internas. Sin embargo, en la última década, no se ha pasado de la formulación de planes en pos de lograr una política integral al respecto. Planes que no han logrado concretarse por completo y en los cuales las acciones emprendidas no tuvieron mayores repercusiones, probablemente porque no se efectuaron a partir de un plan del Estado sino como iniciativa de las propias instituciones sociales, quedando en el olvido de los actores y de las organizaciones involucradas.

5. Conclusiones

En el trabajo realizado se ha podido vislumbrar una problemática novedosa y poco estudiada en nuestro contexto. ¿Cómo se concreta en nuestra ciudad y en nuestro país la relación entre la educación y las personas mayores? Nos hemos centrado en las concreciones en el ámbito de las políticas públicas destinadas a los adultos mayores durante la última década. El envejecimiento de la población es un fenómeno mundialmente reconocido ante el cual se ha recomendado la realización de acciones públicas concretas en diferentes aspectos de la vida social. Así como algunos consideran al siglo XX como el siglo del niño, otros ven al siglo XXI como el de los adultos mayores. Sus derechos han sido declarados en diversas reuniones internacionales, teniendo en cuenta su situación biológica, económica y social pero también sus relaciones familiares y sus oportunidades de vivir con calidad. En este sentido se recupera la función de la educación como proceso de desarrollo vital, como nexo entre generaciones.

En consonancia con las tendencias mundiales, y quizás en un proceso aún más acelerado, la población argentina está envejeciendo. Las personas mayores representan alrededor del 13% de la población, porcentaje que se prevé, irá aumentando en las próximas décadas. Esa población no conforma un todo homogéneo, al contrario, constituye un grupo de edad con grandes diferencias internas que van delineando sectores al interior de la misma. Podemos identificar un sector de mayores que perciben ingresos en forma de jubilación o pensión, que gozan de cobertura médica y social, que han accedido hasta los últimos niveles del sistema educativo. Aparece también otro grupo en el que estas variables constituyen carencias: no perciben ingresos, no gozan de cobertura médica y social, apenas llegaron a iniciar o a completar la escuela primaria. Esos sectores pueden diversificarse aún más si se consideran las variables de sexo ya que existe un alto porcentaje de mujeres, sobre todo a edades avanzadas; el estado civil dado que a mayor edad, aumenta notablemente el porcentaje de mujeres viudas; la residencia urbana mayoritaria o rural.

En la población de adultos mayores las diferencias son profundas y están vinculadas no sólo con las variables utilizadas para su estudio demográfico sino con la historia de vida y las oportunidades que tuvo cada uno. A esto se suma que no todas las personas envejecen de la misma manera, distintos factores inciden en el devenir de este proceso y en las consecuencias que éste tiene para la persona que lo vive. El proceso de envejecimiento individual es pluridimensional y afecta a la persona en su relación consigo mismo y con su entorno. Las generalizaciones no resultan fáciles ni adecuadas para caracterizar esta etapa de la vida, lo que genera dificultad a la hora de elaborar una política pública homogénea para un grupo etario heterogéneo. El desafío de una política pública sería abarcar a todas las personas mayores argentinas dando respuesta a sus diversas necesidades, desde la alimentación hasta la educación.

En el caso de nuestro país diríamos que aún no existe una política de Estado que tenga como destinatarios a los adultos mayores. Lo que aparece son programas dispersos, esfuerzos aislados por solucionar problemas parciales. Se configura así una política pública centrada en lo asistencial (subsidios, programas alimentarios, de vivienda,...) que intenta atender a las consecuencias de la situación de desprotección en la que se halla alrededor del 20% de los mayores argentinos, sin considerar las causas y sin ofrecer soluciones de fondo. Se desprende una concepción biologicista de la vejez en lugar de una visión de las personas como seres completos y complejos. La implementación de un seguro de vejez obligatorio, propuesto desde ámbitos internacionales, ni siquiera aparece como intención de futuro. Muchos programas se canalizan a través del PAMI, el cual no abarca a toda la población de adultos mayores, por lo que muchos se "caen" de las redes del sistema. El Estado neoliberal no supo generar respuestas eficientes para la satisfacción de las necesidades básicas de la población de adultos mayores, lo que constituye, no sólo un incumplimiento de sus deberes sino una grave deuda generacional.

En la provincia de Tucumán, desde los ámbitos estatales parece resultar muy difícil generar y principalmente mantener en el tiempo los proyectos destinados a los adultos mayores. La discontinuidad entre los gobiernos y al interior de los mismos, la dificultad en la articulación con los funcionarios nacionales (que también sufren esta discontinuidad), la falta de comunicación entre los empleados públicos acerca de las tareas desarrolladas y de los proyectos en realización, la falta de información sistematizada, informatizada, publicada y actualizada tornan muy complicada la organización de la tarea propia y sobre todo, la posibilidad de erigirse como referente, coordinador y ente de control de las acciones desarrolladas por las organizaciones que nuclean a las personas mayores. A esta problemática se suma la del financiamiento, aspecto desde el que pareciera que los mayores no constituyen una prioridad para el estado provincial.

Los programas destinados a los mayores o los planes que de alguna manera los afectaron en la última década, no constituyen una política integral de promoción y desarrollo del adulto mayor. La concreción de algunos de ellos no se logró. Varios se llevaron a cabo en unas ciudades y no en otras. En nuestra provincia se pone de manifiesto una importante vinculación entre lo político-partidario y los programas asistenciales y sociales destinados a los adultos mayores a través de sus organizaciones. La relación entre algunas de ellas y la estructura partidaria de turno les ha llevado a participar de campañas políticas a cambio de beneficios. Desde el estado, no se privilegia a aquel que más necesita sino al que contribuye con los intereses partidarios.

Las políticas socio-educativas ocupan un segundo plano dentro de las políticas públicas destinadas a los adultos mayores. La educación aparece para mejorar la calidad de vida de los mayores de modo que se logre una disminución en el presupuesto (medicamentos, consultas) de la principal obra social que los atiende, constituyendo un mecanismo de prevención y no un derecho en sí mismo. Más allá de las propuestas, las acciones públicas concretas en este campo son escasas y remiten más bien a los programas que las Universidades ofrecen a los adultos mayores. No existen políticas educativas específicas para los adultos mayores sino que son destinatarios de las políticas públicas que involucran a la población en general. Esta falta de interés y de una acción integral por parte del Estado contrasta con la de las instituciones que aglutinan a las personas mayores en nuestra ciudad.

Desde los discursos internacionales, nacionales, en nuestra provincia y desde las mismas organizaciones de adultos mayores, se sostiene la necesidad de generar espacios para su socialización, para su educación y para que ellos puedan convertirse en transmisores de conocimientos y saberes a otras generaciones. El acceso a la educación formal y no formal y a la posibilidad de transmitir experiencias constituye un derecho reconocido a los adultos mayores que sin duda puede ser capitalizado en beneficio de la sociedad toda. Tal vez ésta sea una línea a considerar desde las políticas públicas.

Notas

1 Dada la situación del gobierno, se había trasladado la oficina de la Dirección de Familia y Minoridad e impedido el acceso a los archivos de la misma. Esta situación permaneció hasta fines del año 2003.

2 La edad que se toma como punto de ingreso a la "vejez" varía según las instituciones y países que se considere. Ante esta situación, la bibliografía argentina ha optado por los 60 años como límite inferior, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas al respecto.

3 Es definido por Ceballos como el cociente de la población de 0 a 14 años (P0-14 ) sumada la población de 60 años y más, (P60+) dividido en la población de 15 a 60 años (P15-60).
IDP= P 0-14 + P 60+ x 100
P 15-59

4 Definida por Ceballos (2003:13) como el cociente entre la población de 15 a 59 y la población de 60 años y más (P15-59/P60+).

5 Definida (Ceballos, 2003:13) como el cociente entre la población de 0 a 14 años en relación a la población de 60 años y más (P0-14/P60+).

6 PAM Total, es decir la población de personas de 60 años y más.

7 Porcentaje que representan los adultos mayores varones y mujeres en la totalidad de la población masculina y femenina del país y de la provincia

8 Fuente: INDEC – CELADE 1995, Serie Análisis Demográfico 5. INDEC 2003. Citada en "Estimación de indicadores demográficos. Total del País. 1950-2050".

9 También se puede comparar los datos con los porcentajes de mujeres casadas en la franja etárea inmediata anterior (73%).

10 Entre los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad aparece el del cuidado, que se refiere a los servicios de salud, sociales y jurídicos a los que las personas de edad deberán tener acceso para mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental o emocional, previniendo y atrasando la aparición de enfermedades además de asegurar los mayores niveles posibles de autonomía, protección y cuidado. Se afirma que podrán disfrutar de los cuidados y protección familiar y comunitaria y acceder a los medios apropiados de atención institucional. Cuando residieran en hogares o instituciones similares, deberán gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a tomar decisiones sobre su cuidado y la calidad de su vida.

11 Es interesante observar que en el país la población entre 14 años y más que recibe jubilación o pensión ronda el 14% mientras que en la provincia alcanza al 12%. Este tipo de jubilaciones o pensiones incluyen las de discapacidad, invalidez, menores de edad (por fallecimiento de los padres), retiro anticipado..

12 Se considera población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo abierto. INDEC, 2003.

13 Estudio que podría profundizarse si dispusiéramos todos los resultados del censo 2001 e incorporando al análisis de cada variable la diferenciación de una PAM "joven" (60-74 años) y una PAM "mayor" (75+ años). También se podrían analizar algunas variables relacionadas con la población adulta para disponer de mayores elementos comparativos. Este tipo de estudio excede los límites de este trabajo.

15 Recordemos que en este nivel se encontraba la formación docente en las Escuelas Normales.

16 Los autores proponen analizar los postulados explícitos e implícitos de una política pública en los objetivos que persigue, los sujetos afectados, los ejecutores y los tipos de políticas públicas (clasificadas según la naturaleza de la coerción entre el Estado y el sujeto).

17 El neoliberalismo parte de la crítica al Estado de Bienestar, considerando que "roba a los ricos para entregarlo a los pobres". Este nuevo liberalismo "... erige el Estado como una asociación de protección libre entre individuos que están en un mismo territorio y cuya tarea es defender los derechos de cada individuo contra la injerencia de todos los demás, y en consecuencia impedir cualquier forma de protección privada, o, dicho de otra manera, que los individuos hagan justicia por sí mismos. En cuanto a la determinación de los derechos individuales que el Estado debe proteger, la teoría de Nozick está genéricamente basada en algunos principios del derecho privado, según el cual el individuo tiene el derecho de poseer lo que ha adquirido justamente (o principio de la justa adquisición) y lo que ha adquirido justamente del propietario anterior (principio de la justa transferencia). Cualquier otra tarea que el Estado asuma es injusta porque interfiere indebidamente en la vida y en la libertad de los individuos. La conclusión es que el estado mínimo, aun siendo mínimo, es el estado más amplio que se pueda imaginar: cualquier otro estado es inmoral." (Bobbio, 1992:101-102).

18 Podemos distinguir tres momentos históricos que responden a los distintos gobiernos del Estado Nacional en este período y a determinada configuración del rol del Estado en relación con la definición de las políticas sociales: 1) Gobiernos de Carlos S. Menem. (1989-1994, 1995-1999); 2) Gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001); y luego de una transición, 3) Gobierno de Néstor Kirchner (2003-...).

19 Esta flecha y la que vincula el ítem 5 y 6 hacen referencia a un mismo organismo que va cambiando de ubicación en el organigrama del Estado en los cambios de gobierno: del primer al segundo período de Menem en el primer caso, en el gobierno de De la Rúa y, por último en el de Kirchner.

20 En este sentido, en Capital Federal y el Gran Buenos Aires el apoyo económico fue mayor que en las zonas más pobres del país tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ya que en 1992, "Aunque la mayoría de los beneficiarios percibía el pago mínimo de $120, la proporción variaba: casi un 98% de los trabajadores autónomos recibía el mínimo, mientras que en el sector público éste era recibido por el 17% de los trabajadores. Así, la ocupación previa tenía un importante efecto en el valor de los beneficios. En tanto en las provincias del interior generalmente existía un número mayor de trabajadores autónomos, y menos trabajadores en el sector público, es probable que los valores promedio hayan sido más bajos que los de la Capital y el GBA." (Lloyd-Sherlock,1999:114)

21 Las excepciones son: el personal en relación de dependencia de: los gobiernos provinciales y municipales no adheridos al sistema nacional; de las fuerzas armadas y de seguridad y los contribuyentes a cajas profesionales.

22 Recordemos que con la retención de las cuentas individuales realizada por el Estado a fines del 2001, las cuentas de capitalización de las AFJP quedaron encerradas en el llamado "corralito financiero" y cuyo futuro es incierto.

23 "Este programa otorga básicamente los siguientes beneficios: (i) por vejez e invalidez, (ii) a madres de 7 o más hijos, (iii) a familiares de desaparecidos, (iv) a excombatientes de Malvinas, y (v) beneficios otorgados por el Congreso." (Bertranou, 2001:109)

24 Lloyd-Sherlock afirma que en 1992, alrededor del 11,4% de los pensionados reconocía continuar desempeñándose en empleos remunerados para completar sus ingresos. La cantidad de mayores económicamente activos era menor que la de aquellos que estaban excluidos del sistema de previsión por lo que aún restaban personas mayores sin beneficios y sin empleo formal. En este sentido el autor destaca que la mayoría de los trabajos que los mayores realizaban formaban parte del sector informal de la economía (empleos de media jornada, en actividades que no requieran una alta calificación), probablemente por las restricciones legales, por la incapacidad (otorgada por los empleadores al menos) para desempeñar trabajos de tiempo completo, y por la contracción del mercado laboral. Entre las otras fuentes posibles de ingreso como la ayuda de familiares, el ahorro y el cirujeo son consideradas por el autor como insignificantes en esa época. Al estar relacionadas con estrategias individuales de búsqueda de ingresos y no con las políticas que el Estado promueve en relación con esta población no las consideraremos en este apartado.

25 Creada en 1949 para albergar en asilos a los mayores carenciados de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

26 En 1993, a partir de la creación de la Secretaría de la Tercera Edad, el pago cesó.

27 No se encontró documentación oficial respecto de este plan en el ámbito del Instituto de Seguridad y Previsión Social de la provincia, por lo que fue necesario que un entrevistado buscara a alguna persona que lo conociera o hubiese participado en el mismo.

28 Elaborado por la Subsecretaría de la Tercera Edad (parte de la Subsecretaría de Proyectos Sociales de la Nación) en el marco del Plan Social diseñado por el gobierno menemista, a partir de los aportes de distintos sectores: autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, organizaciones no gubernamentales, sociedades científicas (que estudian el envejecimiento, las personas que envejecen y sus problemáticas) y medios masivos de comunicación. Estos sectores se reunieron en las 1ras Jornadas del Plan Nacional de Ancianidad, Mar del Plata, septiembre 1996. Los participantes de cada provincia son mencionados en el documento "Plan de los Mayores. Medidas en Marcha. Marzo 1997" de la Subsecretaría de Proyectos Sociales, Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. En este último documento se identificaron las áreas y medidas en las que se iniciaron acciones y en qué jurisdicciones. Luego carecemos de información acerca de este plan, que pareciera haber cesado como "plan integral" desde ese momento.

29 " Declaración de los Derechos de la Ancianidad", Asamblea General de las Naciones Unidas. 1948. "Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento". 1982. "Plan Gerontológico". Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Madrid. 1993.

30 Esta Constitución resulta progresista en relación con los derechos de los mayores, ya que se enuncian los siguientes: "*A la asistencia, y protección integral por cuenta y cargo de su familia; o, en caso de desamparo, a través del Estado o sus instituciones creadas a tal fin. *A la vivienda, [...] *A la alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico del anciano. *Al vestido apropiado al clima de su zona de residencia. *Al cuidado integral de la salud, que debe constituirse en una preocupación especialísima y permanente de la sociedad y sus gobernantes. *Al esparcimiento. *Al trabajo a modo de laborterapia productiva, cuando su estado y condiciones lo permitan. *A la tranquilidad y el gozo de un tiempo libre de angustias y preocupaciones. *Al respeto y consideración de sus semejantes." (Plan Nacional de Ancianidad, 1997:3-4)

31 En la última reforma de la Constitución Argentina se estableció expresamente en el art. 75, inciso 23 la importancia del logro del bienestar en la tercera edad: "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad."

32 Destacándose los siguientes datos: *el 24,1% de la población se declaraba activa, ocupada; *"...la proporción de población de 60 y más años que recibe jubilación o pensión es del 65,5 por ciento, siendo más alta entre los varones (68,9 por ciento) que entre las mujeres (62,8 por ciento)." (1997:23); *diferencias entre las provincias en la cobertura del sistema previsional: el máximo valor se encontraba en Capital Federal (74,6% de cobertura previsional) y el mínimo en Formosa (44,1%); *"...el 7,6% de la población de 60 años y más del país pertenece a hogares con necesidades básicas insatisfechas (318.631 ancianos). Si se considera el tramo de 80 años y más, el valor desciende al 7,3%. En ambos casos, la incidencia de la pobreza en la tercera edad es sensiblemente inferior a la observada para la población total (19,3%)." (Plan Nacional de Ancianidad,1997:14) Como vimos, las tendencias no cambiaron sino que se profundizaron diez años después.

33 La primera a la sexta área persiguen objetivos que tienden hacia lo que aquí denominamos políticas públicas asistenciales para diferenciarlas de las socio-educativas que abarcarían desde la séptima a la novena. Cada área incluía una fundamentación, objetivos generales y objetivos específicos cada uno de los cuales explicitaba las medidas a llevar a cabo.

34 Se implementaron medidas para el control del Programa ASOMA-Subprograma Alimentario y su articulación con el Programa Pro-Huerta del INTA (principalmente en el marco de talleres de educación alimentaria nutricional que finalizaban con la entrega de recursos para la creación de huertas), así como con el Programa Pro-Bienestar del INSSJP; la capacitación de los recursos humanos coordinando con la Facultad de Medicina (UBA) y algunas ONGs que financiaban el material (cuadernillos) repartido en sus jurisdicciones.

35 Se buscaba transferir los fondos para la ejecución del Programa ASOMA-Subprograma Alimentario por parte de los organismos provinciales y municipales que tengan a su cargo el área social, particularmente la tercera edad.

36 Los beneficiarios de la vestimenta fueron un 10% de los mayores incluidos en el Programa ASOMA Subprograma Alimentario con proyectos subsidiados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.

37 En Tucumán, entre otras provincias, se realizó un curso de formación de auxiliares y otro de capacitación de formadores con la intención de garantizar la existencia de equipos docentes entrenados en las provincias, financiados por la Subsecretaría de Proyectos Sociales de la Nación y los gobiernos provinciales.

38 Realizadas por la Dirección de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

39 Los beneficiarios del Programa Federal obtienen los servicios médicos de las obras sociales a las que quedan adheridos a través del programa pero no acceden a los subsidios por medicamentos, para auxiliares, etc.

40 Cabría pensar en los parámetros de definición de las NBI ya que en el mismo plan se destaca que en un estudio comparativo entre las jurisdicciones, tomando en cuenta el "tipo de vivienda", "material del piso de la vivienda", "procedencia del agua", "ubicación del suministro del agua", "tipo de instalación del baño" y "hacinamiento por cuarto", aparece "...la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los ancianos con carencias en relación a las condiciones sanitarias. Se destaca la gravedad de la situación en Santiago del Estero, Tucumán y Río Negro donde más del 20% de los ancianos carecen de retrete con descarga de agua." (Plan Nacional de Ancianidad,1997:18-19).

41 Se destaca que estos subsidios son incluidos como acciones realizadas (en los capítulos correspondientes) en el marco del Plan Nacional de Ancianidad, en el documento de la Secretaría de Desarrollo Social (1997): Plan de los Mayores. Medidas en Marcha.

42 Este Programa forma parte del INSSJP, el cual es creado en 1971, para dar respuesta a la falta de atención médica y social a los mayores. Constituye una "persona de derecho público no estatal". Cuenta con una unidad de gestión local en cada provincia (va rias en Buenos Aires) que dependen de la central tanto en sus políticas como en financiamiento. "Es un ente paraestatal" (entrevista n°9, pág.25) que en el total del país ofrece una cobertura médica y social a aproximadamente 80% de la PAM según sus propios datos del año 2003. En Tucumán el 70% de los afiliados al PAMI son adultos mayores, llegando a 91.150 personas en el 2003 que representan el 86% de la PAM con cobertura médica según el último censo. Es decir que el PAMI es la obra social de la mayoría de los adultos mayores tucumanos. Estos beneficios no incluyen a las personas cuya cobertura es dada desde el Programa Federal (PROFE).

43 Esta expresión es utilizada por Lloyd-Sherlock para diferencia a aquél que decidió por ejemplo, no diferir parte de su dinero o por no ver la utilidad o por desconfianza de la administración estatal; de aquel que por el monto de sus ingresos, los necesitaban para sobrevivir y los trabajadores de la economía informal. Este último grupo, el de los coaccionados a no realizar aportes jubilatorios, es el que parecería aumentar dadas las características del mercado laboral actual. "Debajo de estas cuestiones existe una más básica: ¿debería negársele los derechos sociales básicos otorgados a los trabajadores fabriles y oficinistas con treinta años de antigüedad, a un jornalero rural (que tal vez lo era desde su adolescencia) que se traslada a la ciudad para buscar un empleo industrial, pero es forzado a trabajar –primero de manera intermitente y luego en forma más permanente- en el sector informal? Esta es una cuestión que apunta al corazón mismo de la política social en todo el mundo en desarrollo, pero que frecuentemente ha sido opacada por preocupaciones más tecnocráticas." (Lloyd-Sherlock, 1999:357)

44 Sin embargo, no funcionó con tanta claridad durante la década de los ’90, ya que "Por un lado, los gobiernos en algunas ocasiones ofrecieron anmistías para evasores de las contribuciones jubilatorias. Por otro lado, algunos de quienes habían hecho contribuciones –más frecuentemente los carenciados, los autónomos y las personas de escasa educación- no eran capaces de reclamar por sus supuestos derechos. Además, como los requerimientos presupuestarios del sistema jubilatorio argentino estaban siendo costeados, cada vez más, mediante ingresos públicos generales, en la práctica, los titulares de derechos previsionales eran subsidiados por el resto de la población." (Lloyd-Sherlock, 1999:357)

45 Hecho coherente con una política neoliberal que sostiene la meritocracia en las relaciones sociales: cada uno recibe lo que se merece según sus actos en el libre mercado.

46 En nuestra provincia la coordinadora del área social destacaba cómo a pesar de las dificultades en la administración del instituto, los profesionales que en él trabajan "...no perdemos el objetivo, que es mejorar la calidad de vida del adulto mayor y existen planes de prevención médica y de prevención social, que eso iría marcando, digamos, las líneas de las políticas sociales".

47 En la provincia de Tucumán cuentan con 146 centros de jubilados y pensionados inscriptos en el Registro Nacional para entidades de jubilados y pensionados del PAMI. Los centros deben obtener un número de persona jurídica y recién inscribirse en este registro.

48 El acceso a los beneficios que el centro presta como efector de programas sociales del PAMI se encuentra condicionado por la percepción de un ingreso que permita la vinculación de la persona mayor a dicho instituto. Los mayores sin cobertura social permanecen fuera de estos espacios de socialización, recreación e intercambio.

49 El jefe de la división de relaciones con los afiliados coincide en que "Las tareas que realizan los centros, además de las que ya realizan a través de los subsidios son actividades generadas por ellos mismos como yoga, gimnasia y demás, por ahí algún centro de mayor poder adquisitivo entre sus socios pueden realizar algún tipo de viaje o participan de algunas olimpíadas en otras provincias para la tercera edad, pero,... en general lo que realizan es básicamente gimnasia y algún tipo de baile como tango y folklore..."

50 Ante las dificultades económicas el PAMI (Central) decidió no subsidiar estos talleres, por lo que en la Delegación –Tucumán el responsable de la división de relaciones con los afiliados comenta que "...hemos hecho un proyecto: "Talleres recreativos con la tercera edad" para que funcionen en el salón que tenemos acá en el fondo,... nos dio pie un grupo de profesores que se acercó a hablar con nosotros y está funcionando con costo cero para el Instituto y un mínimo para el afiliado, para los costos de los docentes (ómnibus,...). Nosotros facilitamos la infraestructura (aire acondicionado, limpieza, luz, mesones,...) después de las 16 horas. Los profesores tienen experiencia en el trabajo con personas mayores."

51 El centro debe rendir cuentas mensualmente del uso del dinero con la lista de los beneficiarios-PAMI que asisten a realizar estas actividades aunque no estén afiliados al centro.

52 Este reordenamiento partió de un diagnóstico de la situación de las prestaciones sociales que se brindaban hasta el momento, caracterizada por: * fuerte tendencia al asistencialismo con acotada incidencia de prácticas preventivo-promocionales (atención alimentaria y geriátrica consumían casi el 80% del gasto destinado a prestaciones sociales); * abultada demanda insatisfecha en estado latente; * falta de equidad y de racionalidad en la distribución de los recursos; * falta de cobertura útil de la mayoría de los programas; *baja calidad de las prestaciones sociales (discontinuidad, inaccesibilidad, ineficiencia); *falta de coordinación entre prestaciones médicas y sociales; *ausencia de planificación estratégica; *ausencia de motivación en el personal abocado a áreas sociales; *falta de sistematización de la información social y casi total ausencia de evaluación de los programas; entre otros.

53 Los otros dos niveles (Inclusión Social y Atención Geriátrica Institucional y Domiciliaria) responden a las políticas de tipo asistencial ya abordadas.

54 En los documentos a los que accedimos no se incluían los indicadores que se utilizan para definir este riesgo.

55 Un centro de jubilados tucumano se benefició con esta medida ya que "El Porvenir" obtuvo casi cincuenta plazas para mayores con discapacidad renal para visitar la ciudad de Buenos Aires. El primer programa fue creado en Entre Ríos en 1984.

56 Caso en el que se cita al Programa "Educación Permanente para Adultos Mayores" (E.P.A.M.) dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, creado en 1985.

57 Por ejemplo, el programa pro-Huerta del INTA, los programas alimentarios del PAMI, cursos del Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC), actividades de extensión para personas mayores de las universidades nacionales, entre otros.

58 En la formulación del Plan se partía del reconocimiento de las limitaciones que anteriormente habían impedido la elaboración de este tipo de plan: *atención fragmentada por la coexistencia de una "pluralidad de organismos oficiales"; *dispersión de los recursos: cada uno de dichos organismos destina recursos a este grupo poblacional; lo que lleva a que muchas veces "...éstos sean percibidos por la sociedad como insuficientes, se haga un uso ineficiente de los mismos y no tengan un impacto satisfactorio en las necesidades y demandas de este grupo. [...] Se verifica que la transferencia de recursos que la Nación realiza a los distintos niveles jurisdiccionales, con frecuencia, no llega a los verdaderos destinatarios de los programas por múltiples factores, siendo la administración ineficiente una de las causas fundamentales." (Plan Nacional de Ancianidad,1997:2) Se destaca la explicitación de que los recursos económicos provienen del ámbito nacional y que sólo es una "percepción social" el que sean insuficientes; *falta de una planificación social y epidemiológica: detectándose problemas relacionados con la identificación de los beneficiarios, inequidad en la distribución de las prestaciones, falta de evaluación, seguimiento y control; *ausencia de control de calidad de las prestaciones: reconocida desde el Plan como responsabilidad indelegable del Estado; *escasa formación y capacitación de recursos humanos: tanto profesionales, de gerencia como técnicos; registrándose escasez de ofertas y falta de coordinación entre los programas de formación; *limitada capacidad del sector para acompañar el proceso de reforma del Estado: es necesario que las organizaciones de la tercera edad se adapten rápidamente a los cambios introducidos en el rol del Estado incrementado su importancia en cuanto a planificar, presupuestar, controlar y evaluar. Las acciones emprendidas parecieran mostrar la fuerte inversión del estado en el sector, propiciar la formación de recursos humanos y fortalecer a las organizaciones de base de los mayores, manteniendo una relación coherente con este diagnóstico.

59 En nuestra provincia representaban el 37,5% de la población distribuidos en el interior, según los datos de la Evaluación Participativa Proyectiva.

60 Programa que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán y que ya cuenta con 20 años de trayectoria en el medio.

61 En este sentido en líneas generales el Plan Nacional de Ancianidad siguió los lineamientos de las políticas internacionales en relación con las personas mayores, por ejemplo en cuanto a su derecho a vivir en su domicilio el mayor tiempo posible o en relación con los programas de preparación para la jubilación, las actividades de uso creativo del tiempo libre, el intercambio intergeneracional. Encontramos fundamentalmente dos ítems que no tienen la misma envergadura que en el ámbito internacional. Por un lado, en ningún momento se menciona la problemática del género en los mayores. La situación de la mujer mayor pasa desapercibida mientras que como vimos, en la documentación internacional se llama la atención sobre la misma: la cobertura de los sistemas de seguridad social, las oportunidades vitales. Podemos pensar que el plan propone una "discriminación positiva" en relación con la población más vulnerable y que las mujeres pueden ser consideradas en esta situación, pero esto no está consignado. Por otra parte, como vimos, no se plantea la cuestión del ingreso y del seguro obligatorio universal a la vejez.

62 Los ejecutores últimos de las políticas públicas que los tienen por destinatarios son los propios mayores en sus organizaciones, y como intermediarios, los funcionarios del estado provincial y municipal.

63 A partir de 1997, no tenemos información acerca de este plan. La interpretación que cabe ante la observación de quiénes participaron en la elaboración de estos documentos y el tipo de acciones que se manifiesta haber realizado, sería que antes que proponer líneas de acción novedosas, se recogió lo que desde cada ámbito se venía realizando, articulando y realizando aportes en relación con el financiamiento, por lo que probablemente algunas acciones mantuvieron su vigencia sobre todo aquellas en las cuales el aporte del estado nacional no resultaba imprescindible vía Secretaría de Desarrollo Social. También cabe la hipótesis de que los organismos provinciales y/o municipales coordinaran la realización de las acciones relacionadas con este plan en años subsiguientes. El Estado se propuso como vértice en la pirámide decisoria de políticas públicas destinadas a los mayores, y en este caso, con amplios objetivos; escasas y concretas realizaciones surgidas a partir de esta política, y sin haber logrado poner en acción una real coerción para la realización de lo escrito o, sin haber realmente deseado hacerlo, aumentando la distancia entre la planificación de las políticas públicas y su efectiva realización así como la desconfianza a los funcionarios provinciales y municipales.

64 Un lineamiento muy importante en la política internacional relacionada con los mayores era la elaboración informes periódicos sobre la situación nacional en materia de envejecimiento y su difusión ("Objetivos sobre el Envejecimiento para el año 2001" Naciones Unidas, 1992) y la cooperación entre los responsables de adoptar decisiones y los investigadores para la realización de estudios orientados a la acción ("Proclamación sobre el Envejecimiento" Asamblea General de las Naciones Unidas, 1992).

65 Incluso en el ámbito de nuestra provincia, en la Dirección de Minoridad y Familia no sabían de su existencia; en la Universidad no existe un ejemplar y solamente una alumna de Trabajo Social había manejado una copia en su tesina de licenciatura; en la página web de la secretaría no aparece actualmente. Para acceder a este Informe debimos solicitarlo a una especialista de Santiago del Estero.

66 En el marco del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia que depende de esta secretaría, no existen programas ni políticas sociales o sanitarias específicas relacionadas con las personas mayores. El plan de prestaciones del Subsidio de Salud es el mismo para estos afiliados que el de los niños y adultos.

67 Si retomamos la clasificación usada en el caso del estado nacional, el primer (1) y el último (4) programas serían "asistenciales" (vinculados al ingreso) mientras que los otros (2 y 3) serían de carácter "socio-educativo".

68 Recordemos que la persona jurídica debe ser renovada año a año. Muchos centros lograron obtener su número de persona jurídica pero a veces han perdido la continuidad en el trámite por lo que aparecen con un registro pero no pueden, por ejemplo, mantener su inscripción en el Registro del PAMI o inscribirse en programas del gobierno nacional u otras ONGs, ya que no se encuentran actualizados en su situación legal.

 

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Palabras – clave: personas mayores: políticas públicas asistenciales – políticas públicas socioeducativas – perfil socio-demográfico.

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